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Los movimientos sociales siempre forman parte de una sociedad democrática y, por eso, Costa Rica no es la excepción.

En esta nota repasamos las huelgas, bloqueos y concentraciones ciudadanas de este 2020. El panorama más violento ocurrió en los meses de setiembre y octubre, tras el anuncio del Gobierno de buscar más impuestos a cambio de obtener el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Enero

Los sindicatos fueron los primeros en anunciar sus manifestaciones a tan solo seis días de iniciado el 2020, esto para oponerse al proyecto de regulación de huelgas, que sería votado a futuro en la Asamblea Legislativa.

Pero, a pesar de la oposición, el 16 de enero el Congreso aprobó en segundo debate el proyecto. Al día siguiente, los sindicatos salieron a las calles de manera pacífica en rotunda oposición.

Albino Vargas, secretario general de ANEP, dijo en aquel entonces sentirse optimista pese a la aprobación de la iniciativa, que se convirtió en ley de la República en 20 de enero tras ser firmada por el Presidente Carlos Alvarado.

“Somos muy optimistas en que no va a reducir los movimientos porque vivimos en una sociedad desigual y la clase política es sorda y hasta estúpida, no resuelve los problemas sociales, entonces los elementos para la lucha social están dados.

“Lo que pasa es que este proyecto tiene la intención de desestimular cualquier huelga por mínima que sea, es un proyecto prohibicionista”, aseguró el reconocido sindicalista.

Febrero

Para el 6 de febrero, ya se incrementaban las noticias de un extraño virus que se extendía por China y la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) situaba la tasa de desempleo abierto en 12,4% (309.000 personas).

Mientras tanto, el presidente Alvarado arremetía contra las administraciones anteriores, a las que culpó del crecimiento desmedido del gasto público.

El 25 de febrero se da el primer bloqueo del año, cuando un grupo de vecinos de Cebadilla cerraron la Ruta 27, molestos porque la concesionaria Globalvía cerró el acceso a su comunidad.

Ante el fracaso de un diálogo, la policía se vio obligada a usar la fuerza y a lanza gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.

Tres días después, la Fiscalía allanaba la Casa Presidencial, Mideplan y cuatro viviendas de funcionarios por el caso UPAD, que generó más descontento en la población.

Marzo

El 6 de marzo, el Ministerio de Salud confirmaba el primer caso sospechoso de coronavirus en Costa Rica y el país entraría en un Estado de Emergencia Nacional.

A mediados del mes, los cierres de vías se realizarían en los Hatillos. En esta ocasión, los vecinos de la zona exigían ayuda del Acueductos y Alcantarillados ante el faltante de agua en sus hogares, lo que les impedía cumplir con los protocolos de higiene.

Abril

En el cuarto mes del año, el país no registró manifestaciones; sin embargo, el Gobierno anunció lo que a futuro sería el detonante de las violentas protestas de fin de año, le propuso al Fondo Monetario Internacional (FMI) una línea de financiamiento.

Junto al Banco Central, el estado solicitaba al FMI un crédito por $508 millones para así poder atender la emergencia causada por el COVID-19.

“Este programa con el FMI es de fundamental importancia para Costa Rica, no solo por los recursos que aportaría para apoyar las finanzas públicas, sino también por el respaldo que representa a las políticas económicas del país para responder a las consecuencias de la pandemia”, aseguraba Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central.

Mayo

El presidente Alvarado da un discurso al país, donde comenzaba a mostrar sus intenciones de pedir más impuestos para salir de la crisis. Ante esto, los diputados le advirtieron que de ninguna manera aprobarían nuevos impuestos.

Para el economista Eli Feinzaig, la propuesta del Gobierno no venía a resolver la difícil situación que, cada vez más, hundía al país.

“Seguimos esperando a que el presidente Alvarado ofrezca una ruta real hacia esa reactivación. El problema económico, fiscal y de desempleo ya era grave antes de la pandemia, por lo que la solución debe ser inmediata”, expresó.

A finales del mes, un grupo de transportistas cerró por 15 días la Frontera Norte, molestos por las largas filas y malas condiciones en las que se encontraban, luego de que el Ministerio de Salud anunciara que solo permitiría el ingreso de conductores que dieran negativo en la prueba COVID-19.

Junio

La noticia del mes fue la detención del reconocido sindicalista Albino Vargas tras un altercado con varios funcionarios de la Municipalidad de Talamanca.

Vargas asistía a varios trabajadores que habían sido despedidos del ayuntamiento y denunciaba que era de manera ilegal.

Tras el enfrentamiento, el Ministerio Público abrió una causa penal contra Vargas, mientras que el sindicalista denunció penalmente al alcalde y al fiscal de Talamanca.

Por otro lado, el Ministerio de Hacienda anunciaba la “posibilidad” de incrementar todavía más el IVA para hacerle frente al préstamo con el FMI.

Julio

El Gobierno presionaba a los diputados a inicios de mes para la aprobación del crédito del FMI, advirtiendo que un retraso podría traer consecuencias graves para el país; mientras, el desempleo alcanzaba cifras récord del 20,1%.

A Casa Presidencial comenzaban a llegar las primeras manifestaciones de comerciantes desesperados por el cierre de sus negocios debido a la pandemia. “¡Solo queremos trabajar, no somos foco de contagio!", se escuchaba en coro.

Por otra parte, los diputados condicionaban la aprobación del FMI con más recorte al gasto público.

Esto llevó a que, por primera vez, los alcaldes de varias municipalidades del país se manifestaran por un posible recorte a su presupuesto.

Por su parte, los sindicatos protestaban en caravanas de vehículos para pedir que no cesaran los contratos laborales de las personas del sector público y privado.

Cada gremio velaba por sus intereses, hasta los representantes de canchas sintéticas, quienes llegaron hasta Zapote exigiendo mayor apertura de comercios, ya que muchos se estaban declarando en banca rota.

Desde autobuseros, choferes de las plataformas digitales como Uber o Didi, hasta agricultores, empleados públicos y sindicatos recorrían en sus vehículos las calles de la capital.

Ante esto, la policía tuvo que usar la fuerza y detener a varios manifestantes que bloqueaban la Ruta 27La labor policial fue criticada por el mismo presidente de la República, esto generó un malestar general en el gremio.

Agosto

En este mes las protestas comenzaban a calentar, se daban los primero amagos de violencia y en las manifestaciones surge la figura de un político ya conocido, el exdiputado José Miguel Corrales.

El 5 de agosto, un grupo de choferes de plataformas digitales hacían tortuguismo en Circunvalación para urgir al Gobierno avanzar con la discusión del proyecto de ley que regula las plataformas digitales.

Por su parte, el Gobierno lanzaba una iniciativa denominada “Costa Rica escucha, propone y dialoga” como un mecanismo que buscaba incorporar las propuestas de los diversos sectores en la atención de la crisis económica.

Este sería uno de los detonantes de las fuertes manifestaciones de los próximos meses, especialmente porque muchos criticaron la iniciativa como una “pantalla solapada”, ya que el Gobierno ignoraría las propuestas y anunciaría los nuevos impuestos que llevarían a los ciudadanos a lanzarse a las calles.

A finales del mes, un grupo de transportistas se manifestaba en las instalaciones del Ministerio de Obras Pública y Transportes (MOPT), ellos alegaban que no les atendían sus peticiones para poder trabajar en medio de la pandemia.

El 25 de agosto, un hombre que estaba en medio de las protestas en Casa Presidencial lanzó un explosivo debajo de un vehículo de la Policía de Tránsito, hecho que quedó grabado en varias cámaras. El sujeto fue detenido horas después por los oficiales y pasado a la Fiscalía.

En la misma marcha apareció don José Miguel Corrales, a quien la periodista de Telenoticias, Yahaira Piña, no pudo entrevistar debido al ataque de insultos que recibieron por parte de algunos protestantes.

Por otro lado, el Gobierno realizaba la solicitud formal al Fondo Monetario Internacional (FMI) para requerir el inicio de las negociaciones hacia un acuerdo de asistencia financiera por un moto de alrededor de $1.750 millones.

“Este acuerdo es crítico dentro de la ruta de consolidación fiscal para brindar confianza a los inversionistas en que tomaremos todas las acciones que sean necesarias, de manera responsable y técnica, para habilitar crecimiento potencial inclusivo y sostenible”, anunciaba Pilar Garrido, coordinadora del Equipo Económico del Gobierno de la República.

Setiembre

Los transportistas de estudiantes decidían acampar en las afueras de Casa Presidencial hasta que el Gobierno les aceptara algunas medidas para que así pudiesen trabajar.

Sobre la Ruta Interamericana Norte, el Gobierno logró que un grupo de coligalleros levantara un bloqueo de manera pacífica: tras más de cinco horas de diálogo, ellos pedían a las autoridades permisos para extraer oro de forma legal.

El día 17 del mes, el Gobierno enciende la chispa que generaría más de 15 días de protestas continuas, algunas con mucha violencia. El ministro de Hacienda anunciaba la propuesta para obtener el crédito con el FMI, basada en nuevos impuestos para el pueblo, eliminar algunas exoneraciones y la venta de algunos activos, entre otros.

El denominado "Plan para equilibrar las finanzas públicas" no solo comenzaba a obtener votos en contra en el Plenario, sino que varios economistas no lo veían con buenos ojos.

Bajo el lema “Costa Rica despierta” un gran grupo de costarricenses tomaron en sus carros la Ruta 27 y en una caravana se dirigieron hacia Santa Ana, hasta la casa de Carlos Alvarado. Dos días después, el mismo grupo se desplazó a las casa de varios diputados que apoyaban el proyecto para convencerlos de su rechazo.

El grito de “no más impuestos” también retumbaba en la Asamblea Legislativa. “La sola idea de más impuestos en medio de la situación de hambre, desempleo y falta de oportunidades es un insulto por ser nociva, irracional e injusta”, dijo el socialcristiano Pedro Muñoz.

Rescate Nacional

Para el 28 de setiembre, se formaba un nuevo movimiento social llamado “Rescate Nacional”, el cual, de la mano de sus dos líderes, José Miguel Corrales y Célimo Guido, paralizaría el país por más de 15 días como señal de protesta contra nuevos impuestos.

Ese mismo día hacían el llamado para paralizar los puertos y aduanas.

“El Gobierno y los empresarios son los responsables de la crisis fiscal que vive el país. Ellos son los que tienen que pagar esa cuenta”, destacaba Corrales.

Mientras el movimiento buscaba más adeptos, los sindicatos se mantenían herméticos y anunciaban, de momento, no participar en las protestas.

Para el día 30 del mes dan inicio las primeras manifestaciones con más de 21 bloqueos de vías en varios puntos del país, entre ellos Tarbaca, Aguas Zarcas, Guatuso, Zona Norte, Sarapiquí, Quepos, ruta costanera, entre otros que se iban sumando conforme pasaban las horas.

Por su parte, Carlos Alvarado se escudaba en Juan Rafael Mora Porras y José María Cañas Escamilla para recordarle al país que “a veces hacer lo correcto no es lo más aplaudido”.

El líder de las protestas, José Miguel Corrales, aseguraba que levantar los bloqueos no estaba en sus manos.

“Costa Rica puede tener seguridad de que habrá los días que sean necesarios para que los que tienen que tomar decisiones decidan que esto se termine. No está en nuestras manos", advertía.

Conforme pasaban las horas, los choferes atrapados en bloqueos comenzaban a desesperarse, tal es el caso de un camión que violentó una barricada, golpeando a un manifestante.

Octubre

El mes de octubre se convertiría en el desenlace de los bloqueos, con más de 15 días continuos de paralización, violencia escalonada y fallidos intentos de diálogo entre el Gobierno y los manifestantes, provocando más perdida económica a un país que, ya de por sí, estaba sumido en la crisis por la pandemia.

Con tal de hacerse más fuerte, el Movimiento Rescate Nacional se acercaba a los sindicatos para obtener su apoyo, mientras que los bloqueos comenzaban a afectar servicios importantes, como el transporte de pruebas COVID-19 y camiones con oxígeno de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

El ministro de Seguridad, Michael Soto, advertía que bloquear las calles es un delito, los conductores comenzaban a desesperarse por los bloqueos y el Gobierno aseguraba que los manifestantes no querían dialogar.

Tras el anuncio de Soto, los antimotines comienzan a usar la fuerza para levantar los bloqueos en varios puntos y descubren que algunos manifestantes estaban armados con dinamita, gasolina y armas blancas, además de varias bombas molotov, cientos de piedras y palos.

Pero los protestantes no desistían y, una vez que la policía se retiraba, volvían a armar barricadas para bloquear el paso.

Por su parte, José Miguel Corrales advertía que los bloqueos seguirían hasta que el Gobierno retirara el acuerdo con el FMI.

Los antisociales aprovechaban la situación del país para cometer actos vandálicos, tal es el caso de una investigación que realizó la policía sobre un grupo de personas que habrían sido asaltados mientras estaban atrapados en los bloqueos.

Conforme pasaban los días, las negociaciones entre Rescate Nacional y los sindicatos dan frutos y estos últimos anuncian su apoyo al movimiento.

El traslado de pacientes COVID-19 se veía afectado por las manifestaciones, algunos incluso tuvieron que ser movilizados vía área.

El Ministro de Seguridad reapareció para advertir que los manifestantes de la Zona Norte y Sur se estaban alistando con bombas molotov para atacar a la policía.

“Dios quiera no haya personas lesionadas o fallecidas. Costa Rica siempre ha resuelto sus diferencias con diálogo y apelamos a eso y responsabilizamos a los cabecillas de este movimiento por lo que pueda ocurrir”, mencionó Soto.

La histeria de los conductores llevó a que uno de ellos sacara un arma de fuego y, al parecer, disparará en Guanacaste para poder pasar. No se registraron heridos en ese momento.

Mientras la Iglesia Católica hacía un llamado a reestablecer el diálogo y deponer los bloqueos, Corrales y Célimo Guido ya eran bien conocidos y se fortalecían con más sectores como aliados.

En zonas como Sarapiquí, la violencia se incrementaba y pocos policías eran acorralados y apedreados por manifestantes, al menos seis resultaron heridos. Lo mismo ocurrió en zonas como Guácimo y Caldera.

En el quinto día seguido de protestas, la tensión se incrementó a tal punto que los huelguistas quemaron una patrulla de Tránsito y atacaron con un backhoe a un grupo de policías.

Incluso, el Cuerpo de Bomberos se vio afectado: en los bloqueos no los dejaban pasar y hasta tuvieron que salir a desmentir que no inventaban emergencias para pasar los retenes. De hecho, en San Carlos un camión que iba a un incendio fue retenido por varios minutos y los huelguistas amenazaron con quemarlo.

El 4 de octubre, Carlos Alvarado decide dar marcha atrás y en cadena nacional anunció que no seguiría con la propuesta inicial que desató las protestas.

Sin embargo, la llama ya estaba encendida y el país enardecido, Rescate Nacional anunciaba que mantenía su movilización.

"El Presidente no ha dicho nada, porque ni siquiera ha llamado a Rescate Nacional a un diálogo, el asunto es que no está diciendo nada, porque dice que retira, pero no dice qué es lo que retira", manifestó Célimo Guido en aquel entonces.

En el sexto día de bloqueos se sumaron policías de Fuerza Pública, quienes aprovecharon su tiempo libre para protestar, mientras que Rescate Nacional definía “condiciones mínimas” para iniciar un diálogo con el Gobierno.

El diésel comenzaba a escasear en la Zona Norte y el sector ya mostraba pérdidas económicas por 1.500 millones de colones.

Luego de más de 15 días de protestas, el Gobierno cede ante los manifestantes en la Zona Sur del país y acordó que no aumentaría las propiedades ni tomaría ninguna represalia contra los participantes del movimiento.

Para mediados de octubre, por primera vez en dos semanas, el país amanece sin un solo bloqueo. Célimo Guido anunció una pausa en las manifestaciones e invitó al Gobierno a dialogar.

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), por su parte, le daba la espalda a Carlos Alvarado: declinó la invitación a participar en la mesa de diálogo y firmó un acuerdo con Rescate Nacional por aparte.

Esta situación generaría la molestia de múltiples sectores, incluyendo asociados a Uccaep, por considerar una “suplantación institucional” y un completo irrespeto a la democracia.

Tras el fracaso en las negociaciones, el Gobierno, respaldado por los presidentes de los supremos poderes, anuncia una nueva propuesta de diálogo más inclusiva y representativa.

Para ello, convocó a 70 organizaciones de distintos sectores en el Estadio Nacional, pero ninguna invitación era para Rescate Nacional.

Por su parte, Célimo Guido busca alianzas con otros sectores para entablar el diálogo. Para finales de octubre, los bloqueos regresan en algunos puntos del país, pero ya con mucha menor fuerza que al principio.

Los movimientos de Guido fructifican y logra que Rescate Nacional participe en una mesa de diálogo del Banco Popular, además se logra concretar por fin una reunión con el Gobierno para concretar vías de diálogo sin bloqueo de vías.

Noviembre

En el mes de noviembre, se realizaron marchas por la pesca de arrastre, ambientalistas y sectores pesqueros discrepaban sobre el tema.

A pesar de ser aprobada por los diputados, el presidente Alvarado decide vetar en su totalidad el proyecto de ley.

Esto trae repercusiones entre los que estaban a favor de este tipo de pesca, entre ellos el Concejo Municipal de Puntarenas, quien declara como “no grato” a Carlos Alvarado.

A mediados de noviembre, un grupo de manifestantes cierra el paso por la frontera norte, en Paso Canoas, hasta que la policía usa la fuerza para levantar el bloqueo.

Por su parte, algunos sectores políticos ven con buenos ojos el avance de la mesa de diálogo, pero aseguran que esta no es suficiente.

Diciembre

Tras el anuncio de que Célimo Guido está hospitalizado en CEACO por COVID-19, las protestas disminuyen considerablemente.

Por su parte, los transportistas vuelven a protestar frente a Casa Presidencial con el objetivo de que sus intereses sean escuchados.

Mientras que el Gobierno realiza una nueva propuesta a los diputados para poder adquirir el préstamo con el FMI, esta vez basada en los acuerdos logrados en las mesas multisectoriales.

Entre los acuerdos destacan nuevos impuestos, más recortes y reformas para reducir el gasto público.