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El grito de “no más impuestos” retumbó esta mañana en las paredes del plenario legislativo, en la primera sesión luego de que el jueves anterior se dieran a conocer los detalles del acuerdo de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“¡No más impuestos! Ya los costarricenses nos socamos la faja, pero para este Gobierno más impuestos nunca serán suficientes”.

“La sola idea de más impuestos en medio de la situación de hambre, desempleo y falta de oportunidades es un insulto por ser nociva, irracional e injusta”, dijo el socialcristiano Pedro Muñoz, parte de la primera bancada que anunció su rechazo absoluto a la posibilidad de nueva carga impositiva como condiciones para ese crédito de $1.750 millones por medio de un Instrumento de Servicio Ampliado.

No fue el único. Jonathan Prendas, una de las cabezas detrás del bloque independiente Nueva República, criticó al Gobierno por su falta de cercanía y empatía con el pueblo al querer, dijo, cargarle la responsabilidad de sus errores.

“Este Gobierno no huele a pueblo, no entiende al pueblo, no siente al pueblo, no escucha y no se roza al pueblo, por eso es imposible que traigan algo a favor del pueblo (…) ¡No sean testarudos, ingratos y necios!”, aseguró.

El también socialcristiano Erwen Masís, aseguró que el Gobierno es ingenuo al creer que la Asamblea Legislativa no va a escuchar el clamor del pueblo a su oposición al acuerdo con el organismo multilateral.

Precisamente, el viernes anterior, la gran mayoría de las fracciones legislativas expresaron la desaprobación con las condiciones que serán presentadas al FMI como parte de ese acuerdo, específicamente en el apartado de aumento de impuestos y creación de otros nuevos.

En esa lista está el Partido Liberación Nacional, la fracción más numerosa del Plenario y que descontaría 17 votos de la propuesta, lo mismo que Restauración Nacional con sus siete representantes.

Ellos, más el PUSC, Nueva República y otros diputados de oposición, suman más de 40 de 57 diputados que se oponen al acuerdo y que amenazan con dejar al Gobierno sin su principal carta de financiamiento para enfrentar las crecientes necesidades económicas de los próximos años.