Cantidad de precarios subió un 50% en la última década

El número de asentamientos informales en Costa Rica, popularmente conocidos como precarios, aumentó en un 50% en la última década.

Así se desprende de un reciente informe de la Contraloría General de la República que evaluó la gestión del Estado en estos asentamientos y su impacto en la Hacienda Pública durante el periodo 2021 - 2024.

Entre los datos más relevantes están la existencia de 576 precarios en el país, ubicados en 61 de los 84 cantones del país: 278 en el GAM y 298 fuera de esta.

Ahí se ubicaron 64.128 hogares que se traducen en 183 mil personas.

El informe de la Contraloría no solo evaluó la existencia de estos precarios, sino también la atención que reciben por parte de municipalidades e instituciones.

Así, se determinó que no existe detalle de la población en condición de vulnerabilidad ni de la disponibilidad de servicios públicos en estos asentamientos.

También se precisó que 170 de estos precarios se ubican total o parcialmente en zonas propensas a inundaciones, sin que las municipalidades evaluadas demuestren que exista un análisis de riesgo de desastre para esas comunidades.

“La falta de reconocimiento y de una atención oportuna implica mantener a una parte de la población fuera del radar del Estado. Esta omisión perpetúa la exclusión social, incrementa los riesgos del desastre en esos territorios y debilita la capacidad del país para responder a una de sus realidades urbanas más urgentes”, criticó la CGR.

Costosa desatención

El informe de la Contraloría también evaluó el impacto fiscal que los asentamientos informales tienen para el erario.

Así, se determinó que solo en pérdidas fiscales por impuestos dejados de cobrar, actividades comerciales y servicios públicos, el país perdió ₡24.7 mil millones entre 2022 y 2024.

En esos rubros está, por ejemplo, 8.5 millones de metros cúbicos de agua no facturada, así como 58 millones kWh de electricidad que no se cobraron.

El ente contralor señaló no solo ese recurso no cobrado, sino además una explotación excesiva y descontrolada de los mismos.

Por ejemplo, un análisis de Acueductos y Alcantarillados reveló que el asentamiento informal “Barrio Nuevo” en Curridabat, consume prácticamente el mismo volumen de agua mensual que la zona urbana formal colindante, a pesar de que solo ocupa un 5% de su superficie y registra 249 viviendas frente a 552 unidades en la zona formal.

“A esta situación se suman gastos significativos asociados a la atención de emergencias, incendios estructurales y ayudas sociales, como el pago de alquiler ante desalojos. Además, los “costos ocultos” derivados por los impactos en la salud pública, el ambiente y la eficiencia operativa de los servicios esenciales, no siempre se visibilizan dentro de los presupuestos públicos”, añadió la Contraloría.

Poca trazabilidad en la ayuda del Estado

El otro punto evaluado por el informe es la transparencia y trazabilidad de los fondos públicos que el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) dirige a la atención de los asentamientos informales.

Así, se determinó que entre el 2021 y 2024 el Banhvi destinó el 18% (₡28.440 millones) de los recursos ejecutados (₡158.570 millones) a la financiación de soluciones orientadas a la erradicación de asentamientos informales brindadas a familias o personas.

Esa cifra representa un 7% del total de los recursos ejecutados a través del Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi - ₡403.246 millones); sin embargo, “no se cuenta con registros detallados ni desagregados que permitan identificar con precisión cuáles bonos, ya sean ordinarios o bajo el artículo 59, fueron otorgados específicamente para la erradicación de asentamientos informales, ni se tiene información sobre el tipo de solución habitacional brindada ni el nombre del asentamiento informal del que provienen las familias”.

“Esta ausencia de trazabilidad limita la transparencia en el uso de los recursos públicos del Banhvi y dificulta la verificación de la efectividad de las intervenciones orientadas a esta población”, dice el informe.

El Banhvi también indicó que, entre 2021 y 2024, no se financiaron proyectos bajo el Programa de Bono Colectivo, pues los recursos fueron destinados al desarrollo cultural y recreativo. 

En conclusión, la CGR determinó que la gestión pública actual de los precarios en el país “carece de una visión estratégica común, opera con datos fragmentados y desactualizados y responde de forma reactiva a una situación que exige planificación, coordinación y acción sostenida”.

“No se puede transformar lo que no se conoce ni se mide bien: mientras el Estado actúe sin un diagnóstico claro, sin análisis de riesgo y sin conexión real entre el nivel nacional y local, continuará invirtiendo en soluciones parciales y aisladas que no logran frenar el crecimiento ni mejorar las condiciones de vida.

“Esta ausencia de estrategia no solo perpetúa la exclusión social, sino que también impone una carga fiscal creciente, comprometiendo la sostenibilidad financiera y el valor público que el Estado está llamado a garantizar”, finalizó.

El ente contralor urgió a las autoridades a mejorar la coordinación institucional, realizar una correcta gestión del riesgo y promover un enfoque preventivo para el manejo de estos asentamientos, al tiempo que señaló la necesidad de que se homologuen las metodologías para el registro y atención de estos.