“Ya es hora de que pasemos de ir a Crucitas a tomarnos la foto, a meter mano a la solución de este problema”, dijo Juan Diego González, presidente municipal de San Carlos.
La Defensoría intervino ante el Ministerio de Salud y el AyA por la afectación que supone para 1.500 lugareños el cierre de los tanques donde se detectó la presencia de mercurio.
La empresa pagó $300 mil dólares para reanudar el proceso de arbitraje.
“El contrato que firmaron en el pasado deja mucho que desear, solo un 2% del oro sería de Costa Rica, el resto se lo llevaba la empresa”, explicó Chaves.
“Los problemas no son para quejarse, son para resolverlos”, aseveró el mandatario.
Aseguró que visitará la zona, donde históricamente se han presentado problemas ambientales como consecuencia de la minería ilegal, para "ver con sus propios ojos lo que está pasando ahí".
Participaron del operativo, autoridades de Policía de Fronteras, Fuerza Pública, Policía Profesional de Migración y OIJ. A estas se sumaron la Municipalidad de San Carlos y el Ministerio de Salud.
“Es importante pensar en un proyecto que se permita hacer de una manera controlada la minería, si se dice que no, darle las herramientas a Fuerza Pública por las condiciones”, digo el diputado Hoepelman.
Empresa canadiense reclamaba indemnización de $400 millones.
Una discusión provocó que la mujer tomara un arma de fuego y la accionara contra la víctima en múltiples ocasiones.
Según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública, el oficial actuó en legítima defensa y en estricto apego a los procedimientos policiales.
La Policía de Fronteras también capturó a cuatro personas que realizaban minería ilegal en Crucitas.
