Plan de Corte para bajar mora judicial afecta garantías de imputados, coinciden abogados

La propuesta de la Corte Suprema de Justicia para agilizar el sistema penal afecta las garantías de los imputados y no solucionará el problema de la mora judicial. A esa conclusión arribaron los abogados Francisco Dall'Anese, Ewald Acuña y Rodolfo Brenes, ante consultas de Teletica.com.

"El proyecto de ley preparado por la Sala de Casación Penal es un pequeño y defectuoso parche, con el que se intenta atacar la gravísima situación de mora judicial que vivimos en materia penal. La justicia no está siendo ni pronta ni cumplida. Y eso es inadmisible", puntualizó el último de los juristas.

"El problema es que, so pretexto de buscar una mayor celeridad del proceso, se afectan garantías fundamentales para las personas", agregó.

Uno de los planteamientos que más preocupa a Brenes es el de establecer que delitos con penas de hasta 10 años de cárcel pueden ser juzgados por tribunales unipersonales, en lugar de los órganos colegiados (tres jueces), como ocurre actualmente.

"Obviamente, con tres jueces hay menos posibilidades de errores judiciales que con uno. Como dice el dicho, dos cabezas piensan mejor que una. Aquí quieren cambiarnos a tres jueces por uno", puntualizó el jurista.

Con esa visión coincide Acuña, quien cree que para dictar una pena de más de cinco años, es necesaria una fundamentación más adecuada; de ahí la necesidad de que sea ordenada por un cuerpo colegiado.

"Además, no resuelve el problema de la mora, porque, como señala el Estado de la Justicia, el problema es la etapa preparatoria. Tampoco hay capacidad física para atender la multiplicidad de señalamientos que se daría", abonó el exjuez.

Dall'Anese considera que ese cambio particular puede ser importante, siempre que los decisores cumplan con los mismos requisitos de quienes actualmente integran los tribunales colegiados.

A ello aunó que los recursos de apelación y casación prevalecerán, de manera que siempre habrá control sobre los errores de procedimiento o de juzgamiento que cometan los órganos unipersonales.

"Lo que a mí me parece es que la Corte está tomando algunas medidas desesperadas que no van a resolver el problema del retraso en la agenda. Tener jueces unipersonales por supuesto que desahoga muchísimo porque en vez de tener tres jueces haciendo un solo juicio tendríamos tres jueces haciendo tres juicios diferentes, pero eso va a significar que la presa se traslada a los tribunales de apelaciones.

"La presa se va a trasladar a otros lugares, como cuando usted elimina un semáforo de una carretera y hay un semáforo más adelante, entonces la presa se traslada al semáforo que sigue", explicó el exfiscal general.

De esta reforma quedarán excluidos los procesos declarados como de tramitación compleja, así como aquellos que se llevan en la Jurisdicción Especializada contra la Delincuencia Organizada (JEDO).

La iniciativa se tramita desde marzo pasado en la Asamblea Legislativa bajo el expediente 24.913.

Abogado de confianza

El proyecto también contempla una reforma para hacer obligatoria la presencia de imputados y ofendidos en la audiencia preliminar, que es el momento en el que un juez de la etapa intermedia decide si envía un caso a juicio o no.

Lo anterior con el objetivo de que este sea el último momento procesal posible para que las partes accedan a una solución alterna o un procedimiento especial abreviado. A ello se pretende añadir que, si un encartado se ausenta, pueda declararse su rebeldía, de manera que este trámite no tenga que esperar hasta el debate, lo que muchas veces conlleva su suspensión.

De la mano con lo anterior, y en seguimiento a una línea que se aplica desde hace cinco meses, se propuso eliminar la posposición de audiencias por motivos de agenda de los abogados que intervienen en el expediente. Así, cuando un jurista no puede asistir por estas razones, se obligará al endilgado a nombrar otro representante en máximo cinco días; de lo contrario, se le asignará un defensor público.

"Esto es una barbaridad que me sorprende haya podido salir como propuesta proveniente de la Corte. Todas las personas tienen derecho a contar con un defensor de su confianza y atentar contra ese derecho es muy peligroso. Ciertamente, deben combatirse las tácticas dilatorias en que incurren algunos abogados, pero aquí se está incurriendo en un exceso absolutamente inconveniente y contrario a los derechos humanos", indicó Rodolfo Brenes.

"En cambio, sí considero interesante y útil la propuesta para que los procedimientos abreviados, conciliaciones y salidas alternas se negocien a más tardar en la audiencia preliminar. Esto, sí podría acelerar algunos procesos y no considero que se afecte el derecho del imputado, quien siempre podrá optar por estas alternativas, pero con una limitación temporal", añadió.

Para Francisco Dall'Anese, la solución planteada para solucionar los problemas por choques de agenda parte de un supuesto falso: que el abogado siempre es defensor.

Lo cierto es que un representante legal también puede fungir como querellante o actor civil, y en esas posiciones de igual manera puede tener conflictos de agenda.

"Además, eso atenta contra el derecho humano reconocido universalmente que un imputado tiene, de contar con un abogado de su confianza. También atenta contra el derecho de trabajo de los abogados.

"De igual manera traerá responsabilidades civiles, porque si ya el imputado le pagó a su abogado los honorarios y luego lo relevan, el abogado no estará obligado a devolver los honorarios, pero el Estado sí tendrá que indemnizarlo porque le produjo una afectación al dejarlo sin abogado y perdió lo que hubiera pagado en honorarios", subrayó Dall'Anese.

Para el exfiscal general, tales defectos pueden derivar en una inconstitucionalidad de la reforma, en caso de que sea aprobada. Y si no es la Sala Constitucional la que así lo determina, asegura, será la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) la que lo haga en su momento.

De ahí que el jurista considera la propuesta del Poder Judicial no ha sido lo suficientemente meditada

¿Qué hacer entonces?

Surge entonces la duda de cómo se puede alcanzar el cometido de agilizar el sistema penal costarricense.

Para Francisco Dall'Anese es urgente una agenda única computarizada, como la que se utiliza en otros países. De esta manera, un abogado podrá conocer los señalamientos que tiene, en qué partes del país y los tiempos de traslado. Ahí también deberán incluirse las vacaciones de los juristas, de los jueces y demás.

Una vez compilada toda la información de las partes, un software puede definir las fechas de un juicio o audiencia, considerando las distintas agendas, lo que permitirá evitar las suspensiones.

Ewald Acuña enumeró otras alternativas. En primer lugar, considera debe hacerse un reforzamiento del programa de Justicia Restaurativa, principalmente para delitos culposos y patrimoniales. También cree debe mejorarse la calidad del tamizaje de las denuncias que recibe el Ministerio Público, así como comprender el interés de las víctimas cuando interponen una queja.

Otro planteamiento del exjuez es el de establecer un recurso de apelación contra la resolución que ordena el auto de apertura a juicio en la audiencia preliminar.

De igual manera, Acuña señaló que debe corregirse legalmente el sistema contravencional para que este tenga un efecto reparador y disuasor.