La política española vivió un seísmo el lunes con el encarcelamiento por sospechas de corrupción de Santos Cerdán, número tres del Partido Socialista hasta unos días antes.
El caso supone un duro golpe para el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, a quien la oposición pide la renuncia, ya que también involucra a su antigua mano derecha.
Un informe policial encontró "consistentes indicios" de que el número tres de la agrupación en apariencia recibía mordidas a cambio de concesiones irregulares de obras públicas.
Esta causa involucra a 14 personas acusadas por supuestos actos de corrupción durante la construcción de una ruta fronteriza con Nicaragua.
A los parlamentarios Iván Name y Andrés Calle se les atribuye recibir sobornos por casi un millón de dólares del organismo estatal de emergencias.
La justicia lo halló culpable de haber recibido $3,5 millones cuando era senador entre 2010 y 2014 para "viabilizar irregularmente contratos" entre una constructora y una exfilial de Petrobras.
El Ministerio Público confirma coordinaciones para investigar presuntas inversiones realizadas en Costa Rica por un jefe policial español sospechoso de colaborar con el tráfico de drogas.
La resolución del lunes, que anuló la declaratoria de crimen organizado en el escándalo de presunta corrupción, obligó a reprogramar la vista de este miércoles en los tribunales de Goicoechea.
Se trata del uso de un machote en la declaratoria de crimen organizado dictada por el Juzgado Penal de Hacienda en el escándalo de presunta corrupción.
El presidente defendió su decisión, al asegurar que traerá "muchos más negocios a Estados Unidos", según comentó a reporteros desde el Despacho Oval.
Dos abogados de las partes coinciden en que la más reciente resolución afectará las intervenciones telefónicas del escándalo de presunta corrupción.
El diputado figura como sospechoso de recibir dádivas de un empresario autobusero detenido por el escándalo de presunto fraude registral “Madre Patria”. El socialcristiano rechaza los señalamientos.
