Por Juan José Herrera |6 de junio de 2024, 10:27 AM

Uno de los dos supuestos sicarios que fueron abatidos el pasado lunes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en Parrita, Puntarenas, tenía solo 16 años.

Así lo confirmó ante los diputados de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico el director de la Policía Judicial, Rándall Zúñiga.

Lo hizo en medio de su exposición sobre el expediente 24.047, que precisamente busca implementar en Costa Rica una ley contra el sicariato.

Zúñiga aseguró que si bien el castigo por matar a otra persona a cambio de un pago ya está definido en el Código Penal, hay otras figuras dentro de la propuesta de ley que deberían rescatarse; por ejemplo, las penas por reclutar menores de edad o también por promocionar, publicitar o entrenar a personas para cometer estos crímenes.

“Recientemente, en el tiroteo que hubo entre oficiales del OIJ y dos personas que fallecieron, era un joven de 16 años lo que había dentro de ese vehículo. Hemos tenido la desgracia de ver en el OIJ cómo los menores son gatilleros, son los que matan a las personas, y tres, cuatro o cinco víctimas después, muere el menor de edad.

“Entonces hay una situación estructural y deberíamos hacer una cruzada nacional para que los jóvenes sigan en el colegio, es ahí donde deberían estar, porque en los grupos los jóvenes son descartables, el mismo grupo a veces se encarga de matarlo porque ya el menor adquiere mucho conocimiento y lo matan para que no los evidencien o entreguen a la policía”, aseveró el jerarca.

Zúñiga también cuestionó la proporcionalidad de las penas que propone el proyecto de Nueva República, que por ejemplo equipara los castigos de quien ejecuta el homicidio con quien lo contrata, algo en lo que los expertos han insistido no se puede hacer.

Por eso, se comprometió a “afinar” el expediente junto al Ministerio Público para rescatar los puntos que consideran valiosos.

“La publicidad, que se muestren en redes sociales y otros medios, es una visualización para atraer a menores, hay que pulir esa redacción, nosotros vamos a hacer un trabajo junto al Ministerio Público.

“En general, esta reforma la veo positiva por abordar una problemática nacional, porque después de la Ley de Justicia Penal Juvenil, que en aquel momento vino a abordar el fenómeno de los chapulines, nosotros en la actualidad tenemos un gravísimo problema con los menores de edad que no están en la escuela, que no están en el colegio y que están siendo reclutados por grupos criminales, y como no hay un delito relacionado con ese reclutamiento, lo están haciendo por la libre”, finalizó.

En la misma audiencia, los diputados dieron cita al ministro de Justicia, Gerald Campos, quien insistió en que, como dijo ayer el director del ICD, el proyecto es innecesario, pero además urgió a los legisladores a atacar la impunidad.

 “Aquí nos podemos llenar de muchas leyes, pero si al final de cuentas esas personas no van a ser condenadas, algo está pasando, debería existir alguien, externo, que logre darnos a entender por qué una persona que es responsable de un homicidio al final no se le impone una pena.

“Son enormes las cantidades de detenidos que pasan por los tribunales y enormes las cantidades que salen de ahí sin ninguna pena, el problema lo veo yo con la impunidad, en el porqué la persona que es detenida por un hecho grave no es condenada y tiene que pasar cinco, seis y siete veces eso y mueren, a menos de la misma persona, muchas personas”, criticó.

Campos, finalmente, sugirió equiparar la propuesta en discusión con el expediente 24.194, que ya busca atacar el reclutamiento de personas menores de edad en grupos de crimen organizado.

Repase aquí la audiencia completa:


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