Reforma para permitir extradición de costarricenses es inconstitucional, afirma experto

El experto constitucionalista, Rubén Hernández, aseguró este lunes a los diputados que la reforma admitida para permitir la extradición de costarricenses acusados por narcotráfico o crimen organizado es inconstitucional.

En audiencia ante la comisión especial que analiza el expediente 23.701, Hernández aseguró que el problema de la propuesta está en su forma, pues ya existe un voto de la Sala Constitucional que aclara que la Asamblea Legislativa no puede “reducir, amputar, eliminar ni limitar derechos y garantías fundamentales” de los ciudadanos.

El proyecto, impulsado por la fracción oficialista y ya admitido para análisis, modifica el artículo 32 de la Constitución Política, que establece que ningún costarricense puede ser obligado a abandonar el territorio nacional.

“Como esta reforma pretende eliminar, a un grupo determinado de costarricenses, el derecho a no ser extraditado, evidentemente y de conformidad con este voto, este asunto no le compete resolverlo a esta Asamblea Legislativa, sino que debería convocarse a una constituyente para que realice, si lo considera pertinente, la reforma respectiva”, aseveró Hernández.

“La Asamblea Legislativa puede reformar los derechos fundamentales en dos sentidos: cuando crean nuevos derechos o bien cuando se establecen mecanismos de reforzamiento de tutela de esos derechos, en esos dos casos la Asamblea tiene amplia competencia, pero cuando trata de suprimir un derecho fundamental, aunque sea de manera parcial, eso no es competencia”, dijo.

El constitucionalista fue más allá y aseguró que, por el fondo, el proyecto presentado tampoco alcanzaría a debilitar el narcotráfico y el crimen organizado, pues el sistema carcelario costarricense es débil y requiere de un fortalecimiento especial.

Críticas

La oficialista Pilar Cisneros cuestionó al experto por qué, si la medida no es útil, cada vez más países en la región están optando por permitir la extradición de sus ciudadanos.

“Ilusamente, creen que pueden resolver el tema del narcotráfico, que (la extradición) constituye un fuerte desincentivo para practicarlo, pero en la práctica se demuestra que no ha bajado. Solo consideran que es conveniente extraditar y que posiblemente en Estados Unidos, que es donde va la mayoría, las condiciones carcelarias son mucho más fuertes que las de los países latinoamericanas.

“Eso no resuelve el problema, se pueden mandar a todos los capos ahora y a los 15 días ya están reorganizados los grupos y sigue el problema igual. Se reciclan muy fácil, imagínese que en México se llevaron al Chapo y al Chapito y acaso el cartel se deshizo”, insistió.

Cisneros recriminó que la advertencia de Hernández se concentra en un voto de la Sala, pues la Constitución en ninguna parte dice que la supresión de derechos solo puede ser cambiada por una Constituyente.

“Sí, pero recuerde que la jurisprudencia de la Sala es vinculante”, le respondió el experto.

“Pero la Sala podría cambiar de criterio como lo ha hecho muchas veces, no será ni la primera ni la última, ahí ellos podrían cambiar de opinión perfectamente considerando que, en este momento, en el mundo, hay gravísimos problemas a causa de los delitos de terrorismo y crimen organizado”, sentenció Cisneros.

“Podría cambiar de criterio, pero no lo va a hacer porque iría en contra de un principio fundamental en materia de derechos humanos internacionales, que es el principio de no regresión en derechos fundamentales. La Sala va a decir que se puede cambiar, pero que no son ellos los competentes, sino una constituyente”, respondió Hernández.