Tribunal Contencioso Administrativo acumula siete demandas contra subasta de frecuencias
En total son 10 las gestiones iniciadas en la vía judicial contra el proceso de asignación de emisoras de radio y canales de televisión que lleva adelante la Superintendencia de Telecomunicaciones.
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda estudia siete demandas contra la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.
Todos los procesos se mantienen en trámite, a la espera del respectivo fallo de fondo (es decir, el dictado de sentencia).
La información fue confirmada por la oficina de prensa de la Corte Suprema de Justicia ante una consulta de Teletica.com.
En la respuesta proporcionada a este medio, el departamento de comunicaciones se limitó a indicar que la última demanda fue presentada el 13 de noviembre anterior.
Sin embargo, no fue posible conocer quiénes presentaron las gestiones aunque, anteriormente, algunas empresas anunciaron públicamente que llevarían algún tipo de proceso de este tipo.
Tal fue el caso de Cadena Musical S.A., que posee las emisoras Musical 97,5 FM y Radio Hit 104,7 FM. El 20 de noviembre anterior, la compañía informó en un comunicado que no iba a participar en la subasta debido a las "condiciones ruinosas e imposibles" que esta proponía. En el mensaje dirigido a sus oyentes, además, se indicó que ya se habían iniciado las "acciones legales" correspondientes ante el Contencioso Administrativo.
Musical forma parte de las varias decenas de empresas que comunicaron que no iban a participar, por considerar exorbitante el monto a partir del cual iniciaría la puja por las frecuencias tanto de radio como de televisión. Otros casos sonados son el de Grupo Columbia y Radio Sinfonola.
La Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL), que es la que lleva adelante el proceso junto al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), confirmó la tarde del lunes que en total recibió 25 ofertas por las frecuencias. De estas, 21 corresponden a radio y las otras cuatro a televisión.
Precisamente, tales números refuerzan las críticas contra el proceso que empezaron a surgir la semana pasada, las cuales giraban alrededor de cómo se había priorizado la maximización de ingresos frente a la pluralidad de medios de comunicación.
Entre las organizaciones que se pronunciaron en esa línea están, además de decenas de operadores, la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), el Instituto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y la Cámara Nacional de Radio Costa Rica (Canara), entre otras. Recién el lunes, durante un debate reglado, a esas voces se sumaron los diputados de oposición, quienes calificaron el proceso de "fracaso"; así como los candidatos presidenciales.
Hasta el momento, el presidente Rodrigo Chaves ha guardado silencio ante los señalamientos y tiene previsto referirse por primera vez al tema el próximo miércoles en su conferencia de prensa semanal.
La Superintendencia de Telecomunicaciones, por su parte, defendió que su participación en el proceso ha estado orientada a la atención de directrices y lineamientos de política pública, y en atención a sus competencias y deberes estipulados en la ley.
Al respecto, la Superintendencia de Telecomunicaciones indicó ante consulta de Teletica.com que atenderá "en forma y fondo" las gestiones que se le presenten.
Otra vía
Tanto a la Presidencia de la República como a la Superintendencia de Telecomunicaciones, la Sala Constitucional les requirió un informe frente a vulneraciones alegadas por usuario de la radio y la televisión, quien estima que se le violentaron sus derechos constitucionales con este proceso.
Entre las garantías y principios que este ciudadano estimó violentados —como lo dio a conocer el lunes Teletica.com— están los de libertad de expresión y de prensa, prohibición de censura previa y el principio de responsabilidad ulterior, de acceso a la información pública, de pluralismo informativo y la diversidad de voces, entre otros.
Su gestión, tramitada bajo el expediente 25-031501-0007-CO, fue acogida el mismo lunes para estudio por los magistrados, por lo que ahora las instituciones recurridas deben pronunciarse sobre los hechos alegados en los próximos tres días hábiles.
Posteriormente, el Alto Tribunal informó que recibió otros recursos en líneas similares. A estos se les asignaron las sumarias 25-036628-0007-CO y 25-036595-0007-CO. Ambos están en estudio de admisibilidad.
