Ciudadano acude a Sala IV para pedir que se anule subasta de frecuencias

La Sala Constitucional tiene bajo estudio de admisibilidad un amparo que pide la anulación de la subasta de frecuencias del espectro radioeléctrico.

Se trata de un recurso presentado por un usuario de los servicios de radio y televisión nacional, presentado contra el Consejo Directivo de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SUTEL) y la Presidencia de la República.

Al caso se le asignó el expediente 25-031501-0007-CO, confirmó la oficina de prensa de la Sala Constitucional ante consulta de Teletica.com.

En la gestión, el ciudadano esboza una serie de alegatos en contra de la aprobación y ejecución del procedimiento de subasta de frecuencias de televisión, radio FM y AM en diversas bandas y regiones del país.

Según el departamento de comunicaciones del Alto Tribunal, se sostiene que el procedimiento está "diseñado bajo una lógica predominantemente económica y recaudatoria", con precios base elevados y grandes diferencias regionales, lo que, a su criterio, limita la participación de medios pequeños, comunitarios, culturales, religiosos, regionales y estatales.

A criterio del recurrente, el esquema favorece únicamente a grandes operadores con alta capacidad financiera, lo que podría derivar en una concentración del mercado de radiodifusión y en la exclusión de actores "históricamente relevantes" en la vida social y cultural del país.

De igual forma, se enfatiza en la "importancia histórica" que la radio y la televisión han tenido en la sociedad y democracia costarricense, especialmente en zonas rurales o con limitada conectividad digital, donde estos medios continúan siendo una fuente primaria de información, educación, cultura y participación ciudadana.

Subraya en esa línea el recurrente que el acceso libre y universal sus contenidos es una condición esencial para el ejercicio efectivo de derechos fundamentales y fortalecimiento del pluralismo informativo.

Asimismo, se señala en el amparo que existen antecedentes de confrontación entre el Gobierno de la República y determinados medios de comunicación, lo que, en su criterio, podría traducirse en un uso indebido del procedimiento de subasta como un mecanismo indirecto de restricción o exclusión de voces críticas, configurando una forma de censura indirecta.

Por todo lo anterior, estima el ciudadano que se vulneran:

• La libertad de expresión y de prensa.
• La prohibición de censura previa y el principio de responsabilidad ulterior.
• El derecho de acceso a la información pública.
• El pluralismo informativo y la diversidad de voces.
• El principio de legalidad, al no existir —a su juicio— estudios técnicos claros que respalden los precios y condiciones establecidas.
• El principio de transparencia e integridad, ante la falta de reglas suficientemente claras, criterios objetivos y mecanismos de control externo.
• Los principios de igualdad, libre concurrencia y no discriminación, dada la ventaja estructural para grandes operadores.
• El principio de sostenibilidad social y la eficacia y eficiencia del servicio público.
• El principio de intangibilidad patrimonial, en perjuicio de posibles derechos adquiridos o expectativas legítimas de operadores actuales.
• El derecho a la continuidad del servicio, al no garantizarse un proceso de transición que evite interrupciones en la prestación de los servicios de radio y televisión.

Adicionalmente, el recurrente hizo ver su especial preocupación por el eventual impacto sobre los medios religiosos, culturales y estatales, dados sus modelos no comerciales y presupuestos limitados, lo que les impide competir en igualdad de condiciones dentro de una subasta de carácter estrictamente económico.

Esto, a su juicio, puede afectar la libertad de religión, la difusión cultural y el acceso a contenidos educativos y públicos, así como incrementar la brecha territorial y social.

Por todo lo anterior, el recurso pide la suspensión cautelar del procedimiento de subasta mientras los magistrados resuelven el asunto. También pide la eventual anulación del proceso si se determina que hubo alguna violación constitucional, la implementación de un nuevo procedimiento que incorpore criterios de proporcionalidad y protección para medios pequeños, comunitarios, religiosos y regionales; y la garantía de no repetición de los hechos denunciados.

El ciudadano, además, pide a la Sala valorar la relevancia nacional del asunto y el impacto que este puede tener no solo para los operadores de medio, sino en el conjunto de la sociedad costarricense, en su derecho a recibir información diversa, plural y accesible.

Sobre el particular, la Casa Presidencial publicó un comunicado en el que informó que el mandatario Rodrigo Chaves se referirá a la subasta de frecuencias hasta el próximo miércoles, al tiempo que se defendió que el interés de la actual administración con el procedimiento es "maximizar el beneficio para la mayoría de las personas"

El gobernante, a su vez, convocó a las estaciones de radio católicas y evangélicas a una reunión esta semana (la fecha no fue precisada) para "encontrar soluciones a cualquier inquietud legítima" que estas puedan tener sobre el tema.