POR Juan José Herrera | 24 de diciembre de 2020, 9:00 AM

El 2020 será recordado como uno de los años más provechosos en la historia legislativa de Costa Rica, con casi 100 leyes aprobadas en medio de una coyuntura inusualmente adversa.

La cifra es histórica por sí sola, pero si se le añade que se legisló en medio de una pandemia, con el capital político agotado tras una reforma fiscal cuestionada, el agobiante peso de la creciente crisis fiscal y económica y las voluntades resquebrajadas de la oposición, el número se reviste de especial relevancia.

Por eso, antes de siquiera valorar el año que se acaba, el presidente del Congreso, Eduardo Cruickshank, hace un repaso rápido por eso que sorteó, con éxito, el primer poder de la República:

Se trabajó sin comisiones durante más de un mes y fuera de Cuesta de Moras, se polarizó el Congreso por el matrimonio igualitario, se analizó la destitución de la Defensora de los Habitantes de la mano con el escándalo de la UPAD (que aún hoy se discute en el Congreso), se reeligió al magistrado Fernando Cruz y se culminó el traslado definitivo al nuevo edificio legislativo, todo eso mientras se discutían además dos agendas, la habitual y la de proyectos para la atención de la pandemia.

“En el camino hemos venido superando todas esas y otras adversidades, al 20 de noviembre la cifra era de 90 leyes aprobadas desde mayo, y leyes de impacto, sustantivas, no chayote”, afirma con contundencia Cruickshank.

Es cierto: los diputados aprobaron en este 2020 reformas históricas que se arrastraban desde hace años, como los proyectos para combatir la usura y regular los cobros de datáfonos; el alto a los abusos en las huelgas; el reglamento para permitir la educación dual o el aval, tras meses de discusión, para que los pensionados pudieran retirar de manera anticipada los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP).

Este mes, además, se aprobó una reforma integral del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y otra para la disminución de la deuda política en las elecciones de 2022 y 2024, una despedida acorde para un año provechoso.

“Tiene que ser positivo ese balance, no porque yo estuviera de presidente, sino porque las reformas que se sacaron adelante en medio de esa coyuntura así lo demuestran, porque estamos hablando de una Asamblea Legislativa histórica en la aprobación de proyectos de alto calado como bien ya lo dijo el Estado de la Nación”, dijo Cruickshank.

Voluntades y lunares

Precisamente, el Informe Estado de la Nación subrayó que la Asamblea Legislativa logró todo esto con un partido oficialista minoritario (10 diputados), pero con la anuencia y buena voluntad de Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana, los históricos nombres del bipartidismo que en esta legislatura cambiaron de estrategia para impulsar agendas comunes.

Esa comunión, aunque frágil, encontró también un aliado en Restauración Nacional, que haciendo honor a un viejo acuerdo llevó a Cruickshank a la presidencia y repartió al PUSC, pero especialmente al PLN, por todo el directorio y las presidencias de comisiones.

“Hay un mayor entendimiento de los actores en general, un entendimiento y una madurez de lo que significa el verdadero pluripartidismo que ahora sí está consolidado en nuestro sistema legislativo y que nos convoca al diálogo permanente para poder alcanzar los acuerdos en temas complejos. La Asamblea y sus diputados comprendimos que la capacidad de avanzar parte del entendimiento de que hay que caminar en conjunto”, dijo la oficialista Laura Guido.

Ella, aunque insiste en que los colores y las viejas rencillas aún afloran en temas como la discusión reciente del préstamo con el BID, reconoce que el papel de la oposición ha sido determinante en un año donde alabó la respuesta que se tuvo de la pandemia, más allá de que quedaran pendientes.

“Fue un año donde teníamos altas expectativas por ver los resultados del esfuerzo fiscal pero que no se logró por el impacto de la pandemia. A pesar de esto, la Asamblea logró una rápida reacción por ejemplo con la suspensión de contratos y reducción de jornadas, o bien con los bonos Proteger bajo el liderazgo del Ejecutivo, pero fueron acciones donde la Asamblea tuvo una extraordinaria voluntad en el corto plazo.

“Nos queda la insatisfacción en el tema de arrendamientos que no logró encontrar acuerdos o la verbalización constante de no poder atender los temas de bono Proteger, porque se negaron nuevas entregas pese a que había solicitudes que calificaron y no se atendieron”, añadió.

Yorleny León, de Liberación Nacional, es más crítica y asegura que el trabajo se sacó a pesar de la falta de compromiso del Ejecutivo por impulsar agendas más sustantivas, así como de ignorar los reclamos de más control y transparencia en su accionar.

“Se hizo todo el esfuerzo necesario en un tema desconocido para nosotros, en términos de todas las repercusiones que trajo la pandemia. En algún momento dejamos esas responsabilidades en el Ejecutivo, pero no vimos ni hemos visto compromiso en control y transparencia, así que pese a que hubo mucha premura para atender pronto a las familias afectadas, eso no limitó que se actuara”, dijo León.

“Los alquileres fue algo que quedó sin atender y la readecuación de deudas en bancos, ahí no logramos avanzar, pero hay que decir también que entendimos que los bancos actuaron en el marco de sus posibilidades y también lo hicieron inquilinos y arrendatarios”, añadió.

La agenda OCDE, el trámite de créditos y en los últimos meses la discusión sobre el proyecto de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, también consumieron muchos minutos de la agenda legislativa de 2020: el año de la usura, las huelgas, el ROP y el coronavirus.

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