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El hacinamiento en las cárceles no es un problema nuevo. De hecho, es un problema que ha acompañado a más de un mandatario y a más de una campaña electoral, que ha destacado en reportajes y en informes internacionales en los últimos años por las condiciones inhumanas que viven muchos privados de libertad en el sistema penitenciario costarricense. 

Sin embargo, este año, el hacinamiento alcanzó su máximo apogeo a finales de setiembre y principios de octubre, cuando el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo calificó como una emergencia nacional” que violentaba no solo los derechos de los privados de libertad, sino también de los agentes que custodiaban a los detenidos.

Así lo denunció el director del OIJ, Walter Espinoza, el pasado 4 de octubre, cuando había 300 reos en celdas judiciales que no habían sido trasladados hasta un centro penal tal y como la ley exige, debido al hacinamiento. Más de la mitad de esos reos tenía al menos 15 días de estar a la espera de un traslado, cuando la ley dicta un plazo máximo de 72 horas.

Por causa del hacinamiento, en octubre se tuvieron que suspender allanamientos y detenciones porque simplemente no había dónde colocar a los sospechosos. Incluso uno de los juicios más sonados, el de una niña de 4 años en Tuetal de Alajuela que fue brutalmente asesinada a golpes por su mamá y padrastro, fue suspendido por esta razón.

Ante la presión ejercida por algunas autoridades penitenciarias sobre esta problemática, el problema escaló hasta la Ministra de Justicia, Fiorella Salazar, quien el 30 de setiembre publicó un video informando de que había recibido una orden judicial para no referirse más al tema.

El documento, emitido por el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José, especificaba que, debido a que “las autoridades penitenciarias han estado realizando manifestaciones en distintos medios de comunicación”, con información que podría “no ser conteste con los principios de independencia judicial y de juez natural”. Por lo tanto, se le solicitó a la ministra que guardara silencio.

El problema llegó hasta las manos de la Sala Cuarta, que dictaminó pocos días después, que el Ministerio de Justicia utilizara los espacios disponibles en el Centro de Atención Institucional San José (CAI San José) para ubicar a los detenidos que estaban en la celdas de la policía judicial. Además, la decisión de los magistrados exigió “dictar las medidas para que el centro penitenciario conocido como Terrazas entre en funcionamiento en un plazo de dos meses”.

De hecho, un mes más tarde, la ministra de Justicia y Paz, Fiorella Salazar, celebraba un acto simbólico de apertura de portones de la nueva cárcel nacional, CAI Terrazas, en San Rafael de Alajuela.

Aunque eso pareció calmar las aguas, de esta problemática destapó un elemento adicional: una gran parte de la razón detrás del por qué muchos centros penales no estaban recibiendo reclusos era por razones de orden técnico y jurídico. Entender, por lo tanto, en qué consiste este elemento técnico y jurídico, podría ser una clave para desenredar la problemática del hacinamiento.

¿Qué son las inspecciones judiciales?

Una inspección judicial en una cárcel consiste en que un juez visite algún centro de reclusión, por lo menos una vez cada seis meses, con el fin de constatar si ahí se respetan los derechos fundamentales y penitenciarios de los internos. Partiendo de eso, es su obligación ordenar las medidas correctivas que estime convenientes.

El Poder Judicial le confirmó a Teletica.com que la inspección se realiza a efectos de determinar el funcionamiento del centro penitenciario, las condiciones de la población privada de libertad, condiciones del personal, entre otros elementos de importancia.

En algunas ocasiones se le solicita al Ministerio de Justicia mejoras o aspectos específicos y, de no ser acatados, un juez de ejecución de la pena puede ordenar su cierre y prohibición de recibir más privados de libertad. Ese fue el caso de los más de 10 centros penales que estaban cerrados en octubre, durante el punto álgido de la crisis por hacinamiento este año.

“Estas visitas lo que hacen es ir sobre algo nuevo cuando no existe alguna medida emitida por un juez y cuando sí las hay van a revisar. A la inspección va el juez de ejecución de la pena, un representante de la Defensa Pública y de la Fiscalía de Ejecución”, dijo la ministra de Justicia Fiorella Salazar.  

Justicia como institución no es parte en un proceso de este tipo, sin embargo, en algunos casos piden poder participar de las visitas porque deben responder las preguntas de quienes inspección el centro.

“Generalmente, lo normal es que se haga una inspección cada seis meses, pero los jueces pueden ir cuando quieran y nosotros debemos organizar la visita. Todo depende de los jueces o si hay un tema en particular”, indicó Fiorella Salazar.

Actualmente, dadas la situación de pandemia que vive el país, se han tomado en cuenta las restricciones sanitarias y protocolos para efectos de realizar las inspecciones estrictamente necesarias a efectos de procurar mantener las directrices del Ministerio de Salud.

Durante el año 2021, el Poder Judicial realizó nueve visitas carcelarias en la zona de occidente, algunas se realizaron por medios virtuales a través de una entrevista al Director del Centro Penal. 

Los centros penitenciarios que han tenido inspecciones judiciales este año en occidente son: el Jorge Arturo Montero Castro (una presencial y dos virtuales), el Centro Adulto Mayor, la Unidad de Atención Integral Reinaldo Villalobos, el Centro Luis Paulino Mora Mora, el Centro de Atención Específica, el Centro Gerardo Rodríguez Echeverría y el Centro Nelson Mandela.

Además, el Poder Judicial informó que se realizaron tres inspecciones en el CAI Jorge Debravo (Cartago), tres en el CAI Marcus Garvey (Limón), dos en el CAI Puntarenas, tres en el CAI Calle Real de Liberia (Guanacaste), y seis en el CAI San José, Vilma Curling y Centro de Atención para personas con enfermedad mental en conflicto con la ley; estos tres últimos tuvieron dos inspecciones, cada uno, durante el año.  

“No existe diferencia entre las visitas para verificar el estado o si se está dando seguimiento a una medida correctiva, ya que se aprovecha la vista para realizar la revisión general de las condiciones del Centro Penal. Regularmente se asigna el centro a la persona que lleva la medida correctiva precisamente para aprovechar el recurso”, indicó el Poder Judicial.

Una inspección se realiza a efectos de determinar el funcionamiento del centro, las condiciones de la población privada de libertad, condiciones del personal, entre otros elementos de importancia. 

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