Oposición irá a Sala IV por desacato de resolución sobre magistrados suplentes

Los diputados del bloque opositor presentarán una gestión de desacato ante la Sala Constitucional luego de que el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) hiciera uso de su mayoría en la Asamblea Legislativa para atrasar la elección de magistrados suplentes en ese Alto Tribunal.

Para los legisladores, esa decisión constituye una desobediencia al voto 2026-13498, emitido el 30 de junio anterior por la propia Sala Constitucional, en el que se le ordenó a la Presidencia del Congreso someter a conocimiento del Plenario la lista de aspirantes a la mayor brevedad posible.

El proceso lo confirmó la mañana de este martes el jefe de la fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta, en una conferencia improvisada en las afueras del salón de sesiones del Plenario, tras una sesión en la que abruptamente se rompió el cuórum.

A la rueda de prensa asistieron además los voceros de las bancadas de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Unidad Social Cristiana (PUSC), así como de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC).

Los opositores consideran, a su vez, que la moción aprobada momentos antes por la agrupación en el poder no alcanzó los votos necesarios para devolver el expediente en el que se tramita la nómina de suplentes a la Comisión Permanente Ordinaria de Nombramientos, como anunció la presidenta en ejercicio de la Asamblea, Esmeralda Britton. El bloque cree que, de esa forma, se violentó el reglamento legislativo.

Inicialmente, por acuerdo de fracciones y de la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, la lista de postulantes debía someterse a votación este mismo martes. Esto, finalmente, no ocurrió, dada la gestión del diputado de Pueblo Soberano, José Miguel Villalobos.

El legislador considera que Britton cumplió con lo dispuesto en el citado fallo, pues llevó el tema al Plenario y este, mediante la moción por él presentada, acordó devolver el expediente a comisión para que ese órgano se encargue de consultar a los postulantes si, casi un año después, aún tienen interés de ser jueces suplentes. Luego se emitirá una nueva recomendación al pleno de congresistas.

Pero durante la sesión, antes de que se levantara en medio de gritos y señalamientos entre las partes, la diputada del Frente Amplio, María Eugenia Román, señaló que la interpretación de Villalobos es errónea. De igual forma, la legisladora debatió la versión dada por el oficialista, respecto a que la Corte debe enviar un mínimo del doble de plazas vacantes en su nómina, pues sostiene que ello no está estipulado en ninguna ley.

"Se puede elegir, lo que pasa es que la fracción de Gobierno quiere seguir quitándole los derechos a la gente y que la Sala no pueda resolver los recursos de amparo que usted, costarricense, necesita para que le resuelvan los temas de atención en salud, en derecho ambiental, para defender su parque o su comunidad, y que no haya forma de que la Sala Constitucional pueda seguir trabajando. Es una orden lo que le dieron a esta Asamblea Legislativa que debería acatar", afirmó la congresista.

"¿Saben por qué, costarricenses? Porque ellos quieren nombrar solo a personas que ellos conozcan, que sean afines a su partido y que resuelvan como ellos quieren. Eso no se vale. Hay que elegir a las personas que venían en la lista. (...) Es evidente que aquí hay un interés oculto en juego cuando no se nombra de esas 18 personas a nadie, pero sí el Consejo de Gobierno coge a una de esas personas que estaba postulándose para la magistratura y la nombra en la Junta Directiva del Banco de Costa Rica. Entonces no era que no le gustaban los nombres, porque para una cosa sí son buenos y para otras no", agregó.

De burlas y atropellos

En bloque, la oposición calificó el actuar del oficialismo de una ruptura del orden democrático.

La diputada de la Unidad Social Cristiana, Abril Gordienko, manifestó al respecto:

"Lo que pasó hoy, lo que hizo hoy Pueblo Soberano es atentar, en primer lugar, contra el orden constitucional costarricense; en segundo lugar, contra el Reglamento de la Asamblea Legislativa; en tercer lugar, rompieron un acuerdo que se tomó en jefaturas de fracción y un compromiso de la presidenta de la Asamblea Legislativa de entregarnos una ruta que la conversáramos y la aprobáramos entre todos. Nuevamente rompen los puentes de diálogo. Y están atropellando los derechos de los costarricenses más vulnerables, que son todas aquellas personas que acuden a la Sala Constitucional".

Complementariamente, la congresista de Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, apuntó:

"La pregunta que tenemos que hacernos, costarricenses, es, si nosotros ya no queremos ser un Estado de Derecho, ¿qué vamos a ser? Cuando la fracción del partido de gobierno, esto quiere decir que hay una coordinación con el Poder Ejecutivo, dice 'no vamos a respetar la Constitución' —que todos aquí juramos respetar—, entonces, ¿qué sigue hoy en Costa Rica? Si no vamos a respetar las resoluciones de los tribunales, ¿qué sigue en Costa Rica? Si ya no vamos a respetar los reglamentos de la propia Asamblea Legislativa, ¿qué sigue en Costa Rica? ¿Qué sigue cuando un Estado decide que los tribunales y las leyes ya no se tienen que respetar? ¿Cómo entramos, la ciudadanía, en indefensión? ¿A quién se recurre? Si las resoluciones de un tribunal ya no tienen que respetarse por parte del Poder Ejecutivo y tampoco por su fracción aquí en la Asamblea Legislativa".

Por su parte, el jefe de la fracción de Liberación Nacional, Álvaro Ramírez, calificó de "burla" el actuar de Pueblo Soberano, y la enmarcó en una "guerra" que el Poder Ejecutivo tiene con el Judicial.

Lo anterior, especialmente si se considera que la presidenta Laura Fernández calificó el fallo de la Sala Constitucional de un "golpe de Estado" del Judicial al Legislativo, pero ahora viene a defender que el mismo fallo vino a resolver —aunque sea de forma temporal— la paralización derivada del bloqueo a la designación de los magistrados suplentes.

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