Sala IV anula decisión del Congreso de devolver nómina y extiende nombramiento de magistrados

En una cerrada votación de cuatro votos contra tres, la Sala Constitucional anuló la decisión de la Asamblea Legislativa de devolver la nómina de magistrados suplentes a la Corte y, en su lugar, prorrogó provisionalmente los nombramientos de estos, que vencieron el 16 de diciembre anterior.

Mediante resolución 2026-13498, una mayoría del Alto Tribunal declaró con lugar un recurso de amparo en el que un ciudadano alegó que la falta de designación de los sustitutos, por parte del Congreso, vulneró su derecho de acceso a la justicia constitucional.

Esto en el tanto que las vacantes impiden la integración de la Sala en los expedientes en los que los titulares se han inhibido (separado del asunto).

Hasta la fecha, los diputados se han negado a elegir a alguno de los 18 candidatos que la Corte Suprema de Justicia les remitió para alguno de los 12 cupos de suplentes que tiene el Alto Tribunal.

En total, el Parlamento celebró 11 rondas de votación, sin que ninguno de los aspirantes resultara electo. Tanto en el periodo constitucional como en el presente, el oficialismo bloqueó deliberadamente el proceso.

Más recientemente, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ejerció la mayoría de la que goza para devolver la nómina al Poder Judicial en dos ocasiones, al tiempo que demandó que se le proporcionara una nueva lista de candidatos.

La primera vez, la Corte regresó la nómina a la Asamblea al alegar que los legisladores no dieron razones válidas para no proceder con la selección de los sustitutos.

En el citado fallo, es el Alto Tribunal el que retorna la lista de aspirantes al Congreso, al tiempo que le ordena a su presidenta, Yara Jiménez, que coordine lo pertinente para que esta sea conocida por el Plenario "en la próxima oportunidad posible".

Mientras los diputados toman una decisión, y para evitar una paralización de la Sala, los magistrados acordaron que se extiendan los nombramientos de suplentes vencidos hace más de siete meses para el conocimiento de "los casos más urgentes e indispensables", tal y como ocurre cuando los propietarios legalmente están imposibilitados de votar asuntos por estar incapacitados o inhibidos.

Los altos jueces también condenaron al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que dieron fundamento a la resolución, los que deberán liquidarse en sentencia de lo contencioso-administrativo.

Quienes se inclinaron por declarar con lugar el recurso fueron los magistrados Fernando Cruz, Paul Rueda (ponente), Jorge Araya e Ingrid Hess. Salvaron el voto y resolvieron declarar sin lugar los jueces Fernando Castillo (presidente), Luis Fernando Salazar y Anamari Garro.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una solicitud de posición a la presidenta del Parlamento, Yara Jiménez.