La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa propinó dos fuertes golpes a las universidades públicas en el último mes.
El 19 de octubre pasado, rebajó ₡8.048 millones del presupuesto de las casas de enseñanza para 2027. El 10 de noviembre pasado, les disminuyó el mismo monto, pero en el plan de gastos de 2026.
Ambos recortes corresponden a recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) de 2021, que no se transfirieron con motivo del estado de emergencia que atravesaba el país por la pandemia del COVID-19.
El 20 de noviembre de 2025, la Comisión de Enlace (órgano constitucional en el que año a año se define el financiamiento de la educación superior) acordó la cancelación de los ₡62.590 millones en ocho tractos anuales e iguales, que debían empezar a pagarse este año.
A pesar de lo pactado entonces por el Gobierno de la República y el Consejo Nacional de Rectores (Conare), los diputados del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) frenaron los primeros dos desembolsos.
El martes pasado, después de que se materializara el segundo recorte en el Congreso, el ente coordinador de la educación superior lamentó la decisión y la calificó de un "debilitamiento de la confianza" en las negociaciones con el Poder Ejecutivo. La organización académica además anunció que valoraría las acciones legales a tomar a partir del incumplimiento señalado.
Pero este viernes, en entrevista con Teletica, el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera, fue más allá y adelantó que la opción que se maneja es la interposición de una acción de inconstitucionalidad contra los presupuestos.
"Nosotros hemos estado participando de la presentación de consultas facultativas de constitucionalidad, las que se han presentado a la Sala Constitucional y que estamos a la espera de la respuesta de la Sala. Pero también, si esto no fructificara, estamos esperando que se publique en La Gaceta la ley que contempla los dos presupuestos para inmediatamente poner los recursos correspondientes ante la Sala Cuarta", explicó el también rector de la Universidad Nacional (UNA).
La posición de las casas de enseñanza es la misma que mantienen las fracciones de los partidos de Liberación Nacional (PLN) y de Frente Amplio (PFA): las rebajas son inconstitucionales por cuanto la Comisión de Hacendarios no estaba facultada para modificar los acuerdos de la Comisión de Enlace, ya que nunca se planteó el diferendo que se exige en la Constitución Política.
Para el académico, los recursos disminuidos se derivan de compromisos suscritos en el órgano negociador.
"Recuerden que ya hay una experiencia anterior en una legislatura donde a las universidades se les quitaron ₡10.000 millones y la Sala fue enfática condenando a la Asamblea Legislativa de que no pueden modificarse acuerdos de Comisión de Enlace. Recuerden que la única competencia que tiene la Asamblea Legislativa es resolver diferendos en caso de que no exista un acuerdo entre los rectores y los ministros en el marco de la Comisión de Enlace", señaló Herrera.
El rector hizo referencia a la resolución 2022-017987, emitida el 3 de agosto de 2022.
Dicho antecedente se deriva de una acción de inconstitucionalidad presentada entonces por las autoridades académicas de las cinco universidades estatales contra el plan de gastos de 2019, en el que el Congreso modificó el acuerdo suscrito en la Comisión de Enlace, sin que alguna de las partes planteara el diferendo correspondiente.
Sobre el particular, este medio envió una serie de consultas a la oficina de prensa de la Casa Presidencial, pero esta mantuvo que se limitó a defender que, en una situación como la que atraviesa el país, el Gobierno debe ser "fiscalmente responsable" y pagar lo que le alcanza, sin endeudarse.
"Nosotros no vamos a comprometer las finanzas públicas de las generaciones presentes y futuras para satisfacer los caprichos de algunas universidades que creen que todos tienen que socarse la faja menos ellos", indica la respuesta.
El Ejecutivo además apuntó que el expresidente Carlos Alvarado (2018-2022) "no tenía ningún derecho de comprometer recursos futuros" cuando él no iba a seguir en el poder, como la Presidencia interpreta que ocurrió en 2020.
La actual administración mantiene que fue en aquel gobierno que se hizo "un compromiso en el aire" de reintegrar a las casas de enseñanza los fondos postergados.
El expresidente del PAC le respondió así al ministro de Hacienda, quien este miércoles calificó como "una irresponsabilidad más" de su antecesor el que este se comprometiera a devolver ₡16 mil millones que no se transfirieron a las universidades durante la pandemia.