La Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público heredó al venidero Congreso la discusión y eventual aprobación del informe final sobre la investigación legislativa relativa al otorgamiento de los bonos Proteger.
Ese órgano legislativo sesionó este jueves por última vez sin discutir ese último informe, que entre otros recomendaba una investigación penal contra la hoy ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, quien en aquel momento era la cabeza de la cartera de Trabajo.
El informe, que de cualquier forma no se votaría en el Plenario, también pedía investigaciones penales y administrativas contra los funcionarios del IMAS y Trabajo involucrados en la entrega de ese beneficio durante la pandemia, cuyas filtraciones, según cifras de Trabajo, podrían ascender hasta los casi ₡7 mil millones, aunque la Contraloría General proyecta una cifra de casi ₡15 mil millones.
Esta tarde, sin embargo, los legisladores sí aprobaron los informes finales de las investigaciones sobre las compras anómalas de la CCSS durante la pandemia y la polémica por la aplicación del cuestionario de factores asociados dentro de las pruebas FARO, en noviembre anterior.
El primero recomienda investigaciones penales contra el exasesor de la institución, Hans Vindas Céspedes, y el exgerente de Logística, Luis Fernando Porras Meléndez, ambos suspendidos de sus cargos por esta investigación.
De la misma forma, se le pide al Ministerio Público determinar quiénes fueron los beneficiados por la compra de esos insumos médicos y si Juan José Acuña Ramírez, funcionario de la Gerencia Financiera de la Caja, incurrió en la comisión de algún hecho delictivo.
De la misma manera, se pide investigar penalmente a los oferentes de los insumos médicos investigados, David Landergreen Castro, Rebeca Fernández Cordero y Miren Martínez Begonia.
En el caso de las pruebas FARO, la comisión determinó que tanto el Ministerio de Educación Pública como la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad son responsables por la aplicación de esos cuestionarios a miles de escolares y la violación que esto trajo a sus derechos.
En ese sentido, responsabilizó a sus jerarcas y solicitó a la Contraloría y la Procuraduría investigarlos y sentar las responsabilidades que se consideren.
De la misma forma, exigió al MEP hacer las reformas necesarias para que se garantice que esto no vuelva a suceder.
Esta tarde, finalmente, la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia también aprobó el informe final de la investigación por la publicación de contenido sexual en una revista académica del MEP.
Aquí se pidieron las máximas sanciones administrativas contra los responsables de dicha publicación, al tiempo que se solicitó una revisión del Programa de Sexualidad Integral del ministerio.
La Comisión recomendó adicionalmente que se investiguen y den a conocer las tasas sobre el inicio de las prácticas sexuales de los menores costarricenses, al igual que se deben conocer las tasas de suicidios de menores de edad, las tasas de contagios del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en esa población de tal manera que se coloque el interés integral en la formación educativa de la niñez costarricense.