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Las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social justificaron en el estado de emergencia provocado por la pandemia del COVID-19 la compra de 15 millones de guantes de nitrilo pagados con sobreprecio.

En comparecencia ante los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Públicos, el presidente Román Macaya y el gerente general Roberto Cervantes explicaron por qué la institución autorizó en marzo anterior esa compra pese a que la comisión técnica advirtió un aumento de 750% con respecto al último contrato (2016).

“La junta directiva también cuestionó esto mismo y se le explicó igual, que es que los modelos de revisión no están diseñados para compras en medio de una pandemia y esto de que no se sepa cuál es el costo para el oferente no es nuevo, lo vemos todos los días para los medicamentos, eso siempre es prácticamente secreto de Estado, vemos el precio pero no el costo”, dijo Macaya.

El jerarca explicó que los oferentes solo dan el precio final a la institución y no el monto en que lo adquieren, de manera que es imposible determinar el margen de ganancia que están obteniendo.

De igual forma aseguró que es difícil hacer esa comparación cuando el punto de partida es una cifra prepandemia.

Carlos Ricardo Benavides (PLN) insistió en el tema de si la CCSS hizo de verdad todo lo posible para impedir que se abusara de la situación para cobrarle de más.

“Todo está bajo escrutinio, eso sería una apreciación, pero hay investigaciones por presuntas irregularidades”, dijo a su vez Cervantes.

Ambos atendieron a los diputados por solicitud del legislador Melvin Núñez, quien denunció que la compra de esos 15 millones por un monto superior a los ₡5 mil millones se hizo en tan solo 26 minutos.

Las autoridades explicaron que esto sucedió así por tratarse de licitaciones con oferente idóneo, es decir, con una oferta preaprobada, en este caso a favor de las empresas Librería Lehmann y Grupo Capris.

Macaya aseguró que como la junta directiva se reúne solo una vez por semana se aprobó este tipo de contrataciones como una forma de dar trámite urgente a compras en momento de necesidad, especialmente cuando el mercado mundial estaba colapsado.

“Nos sucedió varias veces que tuvimos que esperar y cuando pudimos ofertar ya alguien se había adelantado”, dijo.

Por esta misma razón se aprobó un cambio para permitir contratos de hasta ₡5 mil millones y no del límite máximo de $1 millón que actualmente existe, aunque según Macaya esto fue temporal.

Los diputados también cuestionaron que por comprar irregulares al día de hoy hay funcionarios con más de un año estar suspendidos en sus hogares recibiendo el salario completo sin que la institución haga nada por cambiarlo.

Cervantes aseguró que, mientras no haya una resolución definitiva, la ley no los faculta a tomar ninguna decisión.