Geaninna Dinarte: “No hay un solo colón del Bono Proteger que se haya perdido”

La ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, defendió la valía y utilidad que el Bono Proteger tuvo en la atención de la pandemia del COVID-19, más allá de las millonarias filtraciones que hoy se investigan sobre posibles malos otorgamientos de ese beneficio.

Dinarte, quien ejercía como cabeza del Ministerio de Trabajo cuando el bono se formuló y otorgó a poco más de 700 mil personas, reconoció que según el último corte de esa cartera hay 28.544 casos en los que se investiga eventuales pagos indebidos por un monto de ₡6.494 millones, mientras que a otras 22.776 personas se les investiga por existir un riesgo de habérseles pagado de más (₡3.453 millones).

“Aprovecho esta oportunidad para decir no hay un solo colón del Bono Proteger que se haya perdido, podemos estar frente a otorgamiento a personas que no cumplían, que no cumplían los alcances del decreto, pero eso es muy distinto a concluir que esta administración o que alguno de los jerarcas que participamos en el proceso hayamos sido partícipes de algo en lo que se propiciará la pérdida de los recursos; o que, todavía peor, nosotros hubiésemos aprovechado esos recursos en nuestro beneficio. 

Eso es absolutamente incorrecto. Y en esos casos donde ha habido filtraciones, hemos trabajado con rigurosidad para procurar recuperarlo en beneficio de la Hacienda Pública”, dijo la jerarca.

En una amplia entrevista con Teletica.com, Dinarte exaltó no solo los alcances de esa asistencia en momentos de extrema necesidad, sino también la rigurosidad del proceso.

“No haberlo hecho hubiera implicado que las familias costarricenses que se vieron afectadas por la pérdida de sus medios de vida y sus ingresos pasaran hambre y enfrentaran mayores dificultades. No hacerlo hubiera sido una absoluta irresponsabilidad de la Administración y de esta ministra. Había que hacerlo, había que hacerlo con prontitud, con rigurosidad, pero además había que hacerlo pensando en las personas. Todo lo que hicimos, lo hicimos pensando en las personas, pero además todo lo que hicimos, lo hicimos en el marco de nuestra legislación”, añadió.

En ese sentido, Dinarte calificó como injusta la valoración final que preparan los diputados de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto, precisamente el órgano que llevó a cabo esa investigación legislativa y que determinó responsabilidades de parte de la jerarca en esas millonarias filtraciones que, según ellos, ascenderían incluso hasta los ₡15 mil millones.

En ese sentido, recomiendan una investigación penal contra ella por incumplimiento de deberes, así como investigaciones administrativas de parte de la Contraloría y la Procuraduría por el caso.

“Tengo 15 años de observar, estar y trabajar con la Asamblea Legislativa, sé que esta suele ser la tónica de los informes de investigación y creo, sin embargo, que en esta comisión hay personas responsables que han estudiado el caso y que saben que sí sería desproporcionado alegar responsabilidades que no son nuestras o sostener afirmaciones que son incorrectas.

“Yo confío aún en que el informe legislativo pueda plasmar un esfuerzo más cercano a la realidad con base en la investigación desarrollada, precisamente porque se hizo pensando en la gente y porque no se actuó ni de forma irregular ni de forma ilegal, todo lo contrario, se hizo todo en el marco de nuestra legislación. Creo que son recomendaciones que definitivamente la justicia a un programa y a una gestión que creo que se ha hecho no solo con responsabilidad, sino con rigor”, finalizó.

Difícil

En medio de las entregas del Bono Proteger, pensado para asistir a personas que perdieron sus trabajos o vieron sus ingresos reducidos producto de la pandemia, las autoridades reconocieron la entrega del beneficio a miles de personas que no cumplían con los requisitos; o bien, que recibieron más de lo que les correspondía.

En esa lista, por ejemplo, se comprobó la entrega de bonos a personas fallecidas, a privados de libertad o a personas que ya gozaban de algún otro beneficio, por ejemplo, pensiones del régimen no contributivo.

Dinarte aclaró que, en muchos de esos casos, existen explicaciones lógicas como solicitudes que hicieron personas en vida y luego fallecieron o privados de libertad en regímenes semiinstitucionales, lo que los hacía aptos para recibir la ayuda.

Aclaró, además, que muchos de esos dineros entregados de manera errónea fueron recibidos por personas en condiciones de pobreza o pobreza extrema, por lo que tampoco sería correctos reclamarlos de vuelta.

“Es nuestra responsabilidad como Estado buscar la mayor recuperación posible, pero también hacerlo con empatía y sentido de realidad. Hay que entender qué es lo que ha pasado, cómo nos ha golpeado esta pandemia y cuáles son las opciones.

“Por supuesto, también tiene que ponerse en perspectiva que en este proceso de recuperación pueden mediar otras características que tengan que ser sujetas a consideración. Se ha planteado la posibilidad de que las personas busquen una suerte de arreglo de pago, que se puedan hacer programas de devolución, pero esto tiene un costo de oportunidad importante, porque hacer una gestión de cobro que tiene un procedimiento particular, significa que la administración tiene que invertir para poder recuperar esos recursos”, dijo Dinarte.