Política
“El proceso de cierre del Poder Judicial ya comenzó”, afirma magistrado ante recortes
La Corte cuestiona el "diabólico" debilitamiento de su presupuesto mientras se exige un servicio público "de primer orden".
La Corte Plena acordó la tarde de este lunes encomendar a su presidente, Orlando Aguirre, la búsqueda de acciones legales contra la retención anunciada por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de 2026.
Por votación unánime, aunque con la abstención de la Sala Constitucional, los magistrados dieron por recibido un informe de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial que advierte sobre la "subejecución forzada" por ₡3.053 millones del plan de gastos del presente año.
Ello representa el 42,4% de las cuotas de gasto del tercer y cuarto cuatrimestre del 2026, lo que pone en riesgo operativo a la judicatura, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y la Defensa Pública.
Luego de conocer el documento, el primer alto juez en promover la búsqueda de acciones contra la determinación de la cartera fue Carlos Zamora, de la Sala Primera, quien abogó por "poner fin" a "conductas de hecho" que desde su perspectiva buscan "cercenar" la mitad del presupuesto judicial.
Su planteamiento fue secundado por su compañera Iris Rocío Rojas, así como por la magistrada Patricia Vargas, de la Sala Tercera.
Otro juez de la Sala Primera, Jorge Leiva, calificó de "círculo perverso" las maniobras con las que —afirmó— se busca causar un "eco" en los próximos planes de gasto de la Corte, mediante maniobras como un recorte de ₡13.242 millones y la retención de ₡3.053 millones.
"Yo tenía esa misma propuesta, en el sentido de que se me autorice para estudiar junto a la Dirección Jurídica las acciones que se pueden utilizar para tratar de evitar esta acción que, como ya se señaló, no tiene otro objetivo sino el de ir restringiendo el funcionamiento del Poder Judicial en las distintas áreas.
"También yo le pediría a los compañeros que tienen alguna idea importante que nos puedan apoyar en las sesiones de trabajo que vamos a hacer", explicó Aguirre.
Precisamente, ese anuncio fue el que llevó al presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, a pedir la abstención de los magistrados de ese tribunal, en el tanto que una de las posibilidades que maneja la Corte es la interposición de algún recurso de amparo.
En esa línea actuó el fiscal general Carlo Díaz cuando Hacienda le negó el traslado de ₡8.688 millones que le habían sido aprobados al Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la anterior integración de la Asamblea Legislativa.