Fiscal general va a Sala IV por rechazo de recursos para atención de mujeres agredidas
Carlo Díaz sospecha que su gestión es uno de los 123 expedientes que el Alto Tribunal tiene pendientes de resolución por la falta de magistrados suplentes.
El fiscal general Carlo Díaz presentó, el 4 de mayo pasado, un amparo ante la negativa del Ministerio de Hacienda a girarle los recursos que la Asamblea Legislativa le aprobó para la creación de nuevas plazas.
La gestión trascendió hasta este jueves, luego de la visita que el jefe del Ministerio Público hizo a la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, en el marco de una comparecencia de la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, relacionada con la problemática que enfrenta el sistema judicial ante la criminalidad organizada.
El recurso permanece bajo estudio de la Sala Constitucional bajo el expediente 26-015822-0007-CO y se relaciona con "la falta de liberación de la totalidad del presupuesto asignado al Ministerio Público para el ejercicio económico 2026", confirmó la oficina de prensa de la Fiscalía a Teletica.com.
"A nosotros nos han limitado un presupuesto que nos dio la Asamblea Legislativa. Ese presupuesto para nosotros era de suma importancia, sobre todo porque se iba a atender a una población vulnerable, en este caso a los mujeres víctimas de violencia doméstica y agresiones sexuales. Tenemos una deficiencia de personal en ese aspecto que ya hemos documentado a través del tiempo y esa fue la motivación de pedirle esos recursos a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa pasada nos dotó de esos recursos y ahora el Ministerio de Hacienda no nos los dio.
"Yo presenté un amparo para que esos recursos se giraran tanto a la Fiscalía como al OIJ, pero bueno, creo que está varado por la falta de magistrados suplentes. Para mí eran importantes estos nuevos recursos para atender a esta población vulnerable, sobre todo que la misma presidenta (Laura Fernández) en campaña había expresado que ella estaba muy consciente de esa situación y que ella, como mujer, iba a velar por esta población", explicó Díaz a los medios.
La anterior integración del Parlamento aprobó al Poder Judicial una partida de ₡8.688 millones, que incluía el financiamiento para 99 nuevos fiscales y técnicos para el órgano acusador.
Asimismo, los fondos tenían prevista la creación de 176 plazas para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la contratación de alquileres y compra de vehículos para tres delegaciones en La Cruz, Cabo Velas (Tamarindo de Santa Cruz) y Puerto Jiménez.
También para la contratación de 109 custodios de detenidos, necesarios para la celebración de audiencias y juicio.
Sin embargo, el 29 de junio pasado, la directora ejecutiva de la Corte Suprema de Justicia, Ana Eugenia Romero, dio a conocer que los recursos no pudieron ejecutarse porque el Ministerio de Hacienda no lo avaló.
Hasta la fecha, los mencionados fondos no han sido transferidos al Poder Judicial y, consecuentemente, este no los pudo otorgar a la Fiscalía ni a la Policía Judicial, según explicó Solano durante su exposición ante el foro legislativo.
En virtud de la negativa a la transferencia de los recursos, la Corte acordó el mismo 29 de junio renunciar a los fondos, como parte del recorte solicitado por el ahora ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, frente a la comprometedora situación fiscal que atraviesa el país.
"Además, vea el cinismo de esos magistrados. Dicen: No, nosotros estamos de acuerdo con ₡13.000 millones de recorte', de los cuales 9.000 eran dinero que la Asamblea Legislativa pasada le quitó a la partida de intereses para regalárselos al OIJ sin ninguna justificación técnica. Entonces nos dicen: 'Bueno, está bien, no nos dé eso'. Ya les habíamos dicho que no se los íbamos a dar de cualquier manera", explicó el jerarca durante la conferencia de prensa de la presidenta Fernández, el 1.° de julio pasado.
Durante esa rueda de medios, el también exmandatario (2022-2026) adujo que la rebaja presupuestaria pactada por los altos jueces era insuficiente. Valga recordar que el recorte que Chaves pidió para este año al Poder Judicial era de ₡27.076 millones (más del doble de lo acordado), equivalente al 5% del presupuesto total del presente año.
Respecto al amparo, Teletica.com mantiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de Hacienda.
