El fiscal general Carlo Díaz advirtió que el bloqueo a las plazas ocupadas por interinos no solo impactará el funcionamiento del Poder Judicial, sino que tendrá efectos en el Ejecutivo.
Durante su exposición ante la Corte Plena, el lunes pasado, el jefe del Ministerio Público hizo ver que la institución tendrá que recortar 251 cupos que aparecen como "vacantes", a pesar de que en realidad operan con personal temporal ante la falta de nombramiento de titulares.
Según el jerarca, las normas de ejecución planteadas por el Ministerio de Hacienda para el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 impedirán echar mano de 25 plazas que en la actualidad tiene la Fiscalía Adjunta contra el Narcotráfico y Delitos Conexos.
"Ya había una crítica incluso, tanto de la Policía de Control de Drogas (PCD) como en algún momento también del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en el sentido de que hay un pequeño atraso en las solicitudes que ellos nos hacen. Y estamos hablando de 15 días. Pero con 25 personas menos, no vamos a poder ni siquiera atenderles en este año, en el 2027.
"Las investigaciones de narcotráfico se van a varar. No van a existir. Inclusive pueden correr riesgo las peticiones de prisiones preventivas de esas personas que ya están", alertó el fiscal general.
Precisamente, en reiteradas ocasiones, la presidenta Laura Fernández ha reclamado por la tardanza con la que se atienden las gestiones de operativos del cuerpo policial especializado adscrito al Ministerio de Seguridad Pública (MSP).
El tema fue abordado por la mandataria en el primer y único encuentro que mantuvo con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y otras autoridades del Poder Judicial, el 18 de mayo pasado.
Según la gobernante, ese día se planteó la anuencia de las partes a mejorar los tiempos en la atención de las solicitudes de allanamiento de la Policía de Control de Drogas.
"En 15 días o en un mes ya esa gente ya colocó la droga, ya se fue la prueba, ya se fue la evidencia", declaró Fernández.
Casi dos meses después, el tema fue incluido en la agenda de un Consejo de Seguridad que la mandataria convocó, al que finalmente rechazaron acudir tanto Aguirre como Díaz, la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, así como el director general interino de la Policía Judicial, Michael Soto.
Aquella decisión se dio en una escalada de tensiones por los discursos de Fernández contra el Poder Judicial, así como posteriores recortes hechos a esa institución en el plan de gastos de 2026 y de 2027.
El fiscal general también advirtió que el bloqueo de plazas impactará la atención de delitos sexuales.
"Ya no podemos cumplir incluso con las solicitudes de anticipo jurisdiccional de prueba que establece la ley en estos casos porque no hay personal. Y ahora, con 33 menos, le vamos a tener que decir a las víctimas que esperen o hagan fila porque las acaban de violar y no tenemos fiscales para poder atender a todas estas personas", enfatizó el representante del Ministerio Público.
En total, la directora de Gestión Humana de la Corte, Roxana Arrieta, precisó que son 2.463 plazas que están en la misma condición que las señaladas por Díaz.
La funcionaria rechazó que los cupos en cuestión sean "ociosos", como lo interpreta el Ministerio de Hacienda para justificar la propuesta de presupuesto que tendrá que resolver el Congreso.
Sobre los señalamientos de diferentes instancias del Poder Judicial, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa de la cartera desde el pasado lunes.