Este miércoles se conocerá el resultado del juicio seguido contra el exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.
Así lo anunció el presidente del Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, Alfredo Arias, al comunicar a las partes el fin del debate, después de tres semanas de audiencia oral y pública.
La lectura del “por tanto” se fijó para iniciar a las 3 p. m. del 13 de agosto próximo. A ella deberán asistir los imputados; sus representantes, así como los del Ministerio Público o de la Procuraduría General de la República (PGR) pueden ausentarse si así lo requieren.
El “por tanto” se refiere a la parte resolutiva de una sentencia, en la cual se detalla, por ejemplo, la pena de cárcel que una persona debe cumplir o, en su defecto, los artículos en los cuales se fundamenta su absolutoria.
Contra Gamboa, Araya y Smith pesa una acusación por presunto tráfico de influencias relacionada con hechos ocurridos en 2016.
Específicamente, estos tienen que ver con una supuesta orden que Gamboa y Smith —por su orden, subjefe del Ministerio Público y fiscala adjunta de Probidad para ese entonces— giraron a su subalterna, Natalia Rojas, para actualizar la situación jurídica de Araya, ante una solicitud de este último.
De esta manera, se extrae de la pieza de la Fiscalía, se consiguió una aparente ventaja indebida al exgobernante capitalino, que consistía en un documento que le permitió presentarse como un candidato a la Alcaldía de San José sin causas penales en una publicación del diario La Nación, realizada en la antesala de las elecciones del 7 de febrero de 2016.
Pero luego de que se escuchara el testimonio de la funcionaria, incluso el fiscal Carlos Rodríguez pidió la absolutoria de los endilgados, por considerar que no se logró probar una influencia de alguno de ellos sobre Rojas.
Esa solicitud fue respaldada por los abogados de Gamboa, Natalia Gamboa y Michael Castillo; de Araya, Alfonso Ruiz y Juan Marcos Rivero; así como de Smith, Francisco Dall'Anese y Federico Campos.
La defensa en pleno, además, rechaza que los hechos acusados constituyan siquiera un delito, pues sostienen que Araya estaba legitimado para pedir la certificación que finalmente recibió, ya que la oficina de prensa del Ministerio Público había informado de manera errónea que el exgobernante capitalino era imputado, cuando en realidad era denunciado.
Sumado a lo anterior, sostienen que nunca existió presión alguna sobre Rojas, sino que a esta se le giró una orden jerárquica, que incluso se cumplió fuera del plazo que se había establecido.
El único que solicitó una condenatoria fue el procurador Federico Quesada, quien fungió como actor civil para reclamar ¢15 millones a los exservidores judiciales y ¢12 millones al exalcalde.
Dicho pedido motivó que, en sus conclusiones, Ruiz, Castillo y Dall'Anese solicitaran que se condenara al Estado al pago de las costas del proceso, lo cual incluye los honorarios por los servicios legales ofrecidos a los encartados.
También deberán resolverse solicitudes de testimonio de piezas —o sea, investigaciones derivadas de un expediente— contra Rojas y la periodista de la Fiscalía, Tatiana Vargas, por presuntas falsedades en el testimonio que rindieron ante el órgano jurisdiccional.