Fiscalía pide absolutoria para Celso Gamboa, Johnny Araya y Berenice Smith
Para el Ministerio Público, no se logró probar la influencia que inicialmente se les atribuyó a los imputados.
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) pidió la tarde de este miércoles la absolutoria del exmagistrado Celso Gamboa, el exalcalde Johnny Araya y la exfiscala Berenice Smith.
Dicha solicitud se dio en el marco del proceso que se les sigue desde 2017 por presunto tráfico de influencias, delito que —a criterio del representante del Ministerio Público, Carlos Rodríguez— no sé logró probar durante el juicio de reenvío que se celebra desde el 22 de julio anterior en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Durante sus conclusiones, el fiscal recordó que la acusación presentada en su oportunidad achacaba a Gamboa y Smith —cuando eran subjefe del Ministerio Público y fiscala adjunta de Probidad, por su orden— supuestamente influyeron sobre su subalterna, la fiscala auxiliar Natalia Rojas, para que esta otorgara a Araya una certificación en la que actualizaba su situación jurídica en el expediente 12-000096-0621-PE.
Lo anterior —según la pieza del Ministerio Público— con el objetivo de beneficiarlo al darle un documento que le permitiría al exgobernante capitalino presentarse en una publicación del diario La Nación como un candidato sin causas penales abiertas, en la antesala de las elecciones del 7 de febrero de 2016.
Pero, luego de escuchar el testimonio de Rojas en el contradictorio, Rodríguez reconoció que no había cómo mantener una correlación entre los hechos acusados con lo evacuado durante el juicio.
El fiscal mencionó, a modo de ejemplo, que a la testigo reiteradamente se le pidió que detallara en qué consistía la "presión" que alegó haber sufrido. Sin embargo, esta se limitó a explicar que Gamboa y Smith le giraron una orden —que ella calificó de "excepcional"— en dos ocasiones, que tenía cumplirse ese mismo día.
No obstante, para el representante del Ministerio Público lo descrito no era suficiente para acreditar una presión, ya que a Rojas no se le hizo ninguna amenaza ni se le alzó la voz. Así, todo hace pensar que lo que existió fue la orden de un jefe a su subalterna, y no influencia del primero sobre la segunda.
Rodríguez agregó a lo anterior que la mejor forma de medir la presión es que Rojas incumplió con lo que se le dispuso y no sufrió ninguna represalia por ello. En principio, la Fiscalía recibió la solicitud de Araya el 5 de enero de 2016, pero la fiscala no resolvió sino hasta dos días después, cuando Gamboa le había instruido que resolver el mismo día que discutió el planteamiento del exalcalde en una reunión, junto a Smith.
"En un sistema social y democrático de Derecho, el Ministerio Público no es un ente acusador a ultranza. Como ustedes mismos lo vieron, nosotros tenemos que hacer un análisis de toda la prueba testimonial y documental. Pero este análisis tiene que ser bajo un principio de objetividad. Eso fue precisamente lo que hoy hicimos: analizamos todo el universo de prueba y eso nos llevó a la conclusión de que en este caso lo procedente era pedir la absolutoria a favor de los imputados", explicó por su parte la fiscala Natalia Villalta.
La petición del Ministerio Público tomó por sorpresa a más de una parte en el contradictorio. Tal fue el caso del procurador Federico Quesada, a quien le correspondía el turno tras la intervención de Rodríguez.
No obstante, el representante estatal hizo ver que la solicitud de la Fiscalía cambiaba lo que tenía preparado, por lo que pidió que sus conclusiones se lleven a cabo el jueves. Tal situación fue admitida por el órgano jurisdiccional, por lo que Quesada hará su presentación a partir de las 8:00 a. m.


