Celso Gamboa y Johnny Araya piden que Estado sea condenado a pagar sus abogados

El exmagistrado Celso Gamboa y el exalcalde de San José, Johnny Araya, pidieron al Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública que condene en costas al Estado.

Las solicitudes fueron planteadas entre el jueves y viernes, durante las conclusiones de sus defensas en el debate que se les sigue por presunto tráfico de influencias por hechos que ocurrieron en 2016, por los que también se acusó a la exfiscala Berenice Smith.

Tanto Michael Castillo como Alfonso Ruiz, por su orden, abogados en la parte civil de Gamboa y Araya, criticaron la postura que tomó la Procuraduría General de la República (PGR), de pedir la condena de los acusados.

La petición del representante estatal Federico Quesada se dio a pesar de que, tan solo un día antes, la Fiscalía Adjunta Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) había pedido la absolutoria de los tres, por considerar que no existió una correlación entre lo acusado y lo descrito por los testigos.

“Solicitamos, por supuesto, por esta posición desmedida de la Procuraduría, que se condene en costas al Estado por la pretensión de la acción civil que se planteó. Y ante esa solicitud inidónea, porque para nosotros es imposible pretender una condena penal por parte de la acción civil y por supuesto que planteamos nuestros argumentos de oposición al respecto”, explicó Ruiz.

Por su parte, Castillo señaló: “Han sufrido por una mala praxis de una investigación que pudo ser mejor, y la acción civil de la Procuraduría, que la sostuvo y vino a actuar de manera desleal ante este Tribunal”.

Ambos juristas consideran que Quesada no estaba facultado para hacer una gestión de ese tipo, en el tanto que la Procuraduría únicamente había presentado una acción civil, más no una querella, que es la que hubiese permitido una persecución penal privada.

Incluso, el defensor del exmagistrado acusó a la Abogacía del Estado de actuar de “mala fe” en el debate, al buscar una “pena anticipada” ante la prensa y la opinión pública.

Una condena en costas implica que la parte perdedora de un contradictorio sea obligada a pagar los gastos legales de la ganadora. Ello implica los honorarios de los abogados y otros gastos necesarios para llevar a cabo el juicio.

Todavía restan por conocerse las conclusiones del defensor civil de Smith, Francisco Dall’Anese, previstas para iniciar a la 1:30 p. m. de este viernes.

Certeza, no duda

Los abogados en la parte penal Natalia Gamboa (Celso Gamboa), Juan Marcos Rivero (Johnny Araya) y Federico Campos (Berenice Smith) pidieron la absolutoria por certeza de sus clientes.

Todos coincidieron en que los hechos acusados son atípicos (es decir, no constituyen delito).

Valga recordar que la pieza del Ministerio Público apunta que Gamboa y Smith, cuando fungían como subjefe de la Fiscalía General y fiscala adjunta de Probidad, respectivamente; supuestamente influyeron sobre su subalterna Natalia Rojas, para que esta actualizara la situación jurídica de Araya en el expediente 12-000096-0621-PE, en el cual había sido denunciado por supuesta influencia contra la Hacienda Pública.

Lo anterior con el objetivo de que el exgobernante capitalino pudiera presentarse en una publicación del diario La Nación como un candidato sin causa penales abiertas, de cara a las elecciones del 7 de febrero de 2016.

No obstante, a criterio de los juristas, y del fiscal Carlos Rodríguez, lo que en realidad se dio fue que se emitió una constancia para precisar el estado del exalcalde en una investigación, en la cual mediaron órdenes de los exfiscales sobre una subalterna.

Por estos mismos hechos, Gamboa, Araya y Smith fueron absueltos por dudas (principio de in dubio pro reo) hace cuatro años en un primer juicio que fue anulado por el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José.