Durante los últimos meses, en el marco de la discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), estuvieron presentes dos conceptos en los discursos de los rectores.
Por un lado, el 2% de incremento —equivalente a ₡11.521 millones— que la Asamblea Legislativa aprobó para el presupuesto de las universidades públicas del año pasado y que el Gobierno de la República se negó a dar.
Consultado sobre el particular en una entrevista con Teletica.com, el ministro de Educación, Leonardo Sánchez, recordó que la postura del Poder Ejecutivo fue clara en que los dineros no se iban a entregar y que estos se iban a mantener congelados, en el tanto que los diputados los tomaron de una partida dirigida al pago de deuda externa.
"Pero como están haciendo referencia, no a este año, sino al año anterior, el ciclo presupuestario ya venció, y esto no lo digo yo, pues lo dice la norma, y en su momento el viceministro de Hacienda había indicado que terminaba el ciclo presupuestario, pues también terminaba esa posibilidad. Entonces, en esa línea, yo no veo probable que se asignen esos fondos que habían asignado los diputados en su momento", señaló el jerarca.
Valga recordar que, por estos mismos recursos, la Sala Constitucional condenó al Gobierno por aquella determinación, al concluir que la retención comprometió el funcionamiento de los centros de educación superior y limitó la capacidad de atender las necesidades de la población estudiantil y del personal, con lo que se violentó el derecho a la educación, según se desprende de la sentencia 2026-012063 del 8 de abril anterior.
Por otro lado, están los llamados "fondos postergados", que tienen que ver con recursos que las casas de enseñanza entregaron para hacer frente al estado de emergencia nacional por el COVID-19.
"Eso es un tema que, pues, los rectores tendrán que dilucidar con el Ministerio de Hacienda, quien es el que da los recursos", subrayó Sánchez.
Como ya había adelantado este medio desde el 15 de agosto anterior, el Poder Ejecutivo presentará a la Asamblea Legislativa un proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027 sin crecimiento para las universidades públicas, tras las infructuosas —y adelantadas— negociaciones sostenidas por la Comisión de Enlace entre el 17 de marzo y el 21 de abril. Así las cosas, la partida de gastos para las casas de enseñanza oscilará los ₡593.84 millones.
El planteamiento está previsto para hacerse este martes a las 12:00 p. m. y estará a cargo del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
Diferentes federaciones estudiantiles y colectivos sociales han convocado para tres horas más tarde a una marcha en San José, para externar su rechazo a un fondo especial sin crecimiento y para defender el papel de los centros de educación superior.
En su conversación con Teletica.com, Leonardo Sánchez ratificó que el Gobierno espera incluir ₡8.000 millones más para el presupuesto de las universidades, correspondientes a la ley 6.450, que crea destinos específicos dirigidos a la inversión en la regionalización de la educación superior.
Se trata de una partida a la que la administración Laura Fernández (2026-2030) y la de su antecesor, Rodrigo Chaves (2022-2026), se han referido como "Mini FEES".
"Así lo hemos denominado porque cuando uno ve el fin o el destino de sus recursos, es para las universidades, es para las sedes regionales. Tiene que ver para poder mejorar la infraestructura, las becas, la cobertura, etcétera. Que en realidad no son recursos distintos al FEES, pero que sí los reciben las universidades y en el anteproyecto de presupuesto, como se ha hecho otros años, ahí van incluso sus recursos", señaló el ministro.
Precisamente, esos recursos se suman a otros ingresos propios que generan las casas de enseñanza a través de la venta de servicios, de consultorías, de matrículas e intereses, recordó el jerarca.
Cuestionado sobre si el Gobierno en algún momento analizó el planteamiento hecho por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), que contemplaba una cartera de proyectos a hacer como parte de un aumento del 2,94% para el Fondo Especial 2027, Sánchez aseguró que estos fueron estudiados, pero a su vez enfatizó que la diferencia giró alrededor del monto que las universidades pretendían y lo que el Gobierno podía pagar.
"Creo que el punto de discusión no eran los proyectos como tal; los proyectos, en el tanto benefician al país, son totalmente válidos y parten de un sustento. El tema no fue eso, el tema fue el monto económico, porque al final de cuentas el monto económico va a depender de la viabilidad que tenga el país para poder hacerle frente a esa derogación de recursos.
"Entonces, la discusión no necesariamente giró en torno a los proyectos, sino a la solicitud del incremento que hacen las universidades, que cuando se sumaba el incremento más otros recursos, se sumaba a casi ₡28.000 millones, y en realidad ese fue el punto de quiebre. El Gobierno no puede porque, por tema de factibilidad macroeconómica, fiscal, de recaudación de ingresos y demás; es decir, la situación fiscal del país no le permite poder darle a las universidades el monto que ellos solicitaban", indicó el ministro.
La propuesta de los centros educativos incluía, como reveló el 28 de mayo en una entrevista el presidente del Consejo de Rectores, Jorge Herrera, la posibilidad de nivelar a colegiales con rezagos de aprendizaje, de hacer una revisión de la oferta de los colegios técnicos profesionales (CTP) y de crear un programa de formación de docentes para intentar mitigar la crisis educativa, entre otras iniciativas.
Según el también rector de la Universidad Nacional (UNA), el grueso del planteamiento contemplaba proyectos que la ahora presidenta de la República incluyó en su plan de gobierno y, más tarde, en el Plan Nacional de Desarrollo.