La Procuraduría de la Ética Pública (PEP) reclama al rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Carlos Araya, ¢1 millón por el daño social que —en su criterio— se deriva del caso que afronta por supuesto incumplimiento de deberes.
El monto está contenido en la acción civil resarcitoria que la oficina anticorrupción de la Abogacía del Estado presentó en contra del académico en el proceso que se le sigue bajo el expediente 25-000134-1218-PE, según precisó el despacho ante consulta de Teletica.com.
La Procuraduría confirmó también que formuló una querella, que acompañará la acusación hecha por la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).
Estos tres documentos se someterán a conocimiento en una audiencia preliminar inicialmente prevista para el 17 de abril próximo en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública.
Pero esa vista todavía no está firme, pues la defensa de Araya pidió adelantar el señalamiento debido a un choque de agendas. El abogado Gerardo Huertas explicó a este medio que debe atender otra audiencia preliminar en esos mismos días, la cual fue programada antes que la del rector y, en virtud de esa situación es que solicitó la reprogramación.
La vista en cuestión corresponde al momento procesal en el que un juez decide si abre juicio o no contra una persona, tras valorar si las piezas presentadas cumplen los requisitos procedimentales y si se cuenta con prueba suficiente para un debate.
En el caso del académico se le atribuye no haberse abstenido de votar una moción que pretendía separarlo del conocimiento de asuntos relacionados con la Oficina Ejecutora del Programa de Inversiones de la casa de enseñanza superior, con el fin de evitar eventuales conflictos de interés.
Araya supuestamente se pronunció en contra del planteamiento y, con esto, consiguió que este no se materializara. Dicha situación ocurrió el 1.° de abril anterior en una sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU).
Tanto el rector como su representante legal defienden que, tan solo un día antes, se trasladó la competencia de esa estructura interna de la institución educativa a otra instancia, por lo que la inhibición no procedía.
Huertas cree que, en virtud de lo anterior, se incumplen los requerimientos para se materializara el delito en cuestión y, por ende, lo que procede es que el órgano jurisdiccional dicte un sobreseimiento definitivo en favor de su cliente.
Reiteradamente, el abogado ha sostenido que el Ministerio Público ha ignorado los descargos hechos en el proceso.
"La querella de la Procuraduría es igualmente temeraria porque es un copy+paste básicamente de lo que hizo la Fiscalía. Simplemente, de forma irreflexiva, sigue en la misma línea", subrayó el jurista.
Además del sobreseimiento, Huertas adelantó que solicitará al Juzgado Penal de Hacienda que condene al Estado a pagar las costas por haber hecho una acusación "ligera" e "irresponsable".
Todos esos asuntos deberán discutirse en una audiencia cuya fecha se esclarecerá en las próximas semanas, una vez que se conozca el planteamiento de la defensa y se contraste con la agenda del órgano jurisdiccional. Entretanto, Araya es blanco de múltiples cuestionamientos por su gestión al frente de la universidad más prestigiosa de Centroamérica.