Primer presupuesto de Laura Fernández está entre los más cuestionados ante Sala IV
Solo tres planes de gasto han recibido más consultas de constitucionalidad desde que se creó el alto tribunal en 1989.
El primer presupuesto de la administración de Laura Fernández, que hasta ahora arrastra tres consultas en la Sala Constitucional, es uno de los más cuestionados de la historia ante los magistrados.
Así se desprende de una revisión realizada por Teletica a partir de un listado de resoluciones preparado por la oficina de prensa del alto tribunal.
Solo los planes de gastos de 2003, 1999 y 2015 acumularon más consultas que el actual proyecto de ley del presupuesto de 2027. El primero sumó cinco, mientras que los otros dos, tres cada uno.
En cambio, las iniciativas de 2007 y 2013 acumularon la misma cantidad de consultas que tiene hasta ahora el expediente legislativo 25.754.
Bajo estudio
Las consultas contra el proyecto de presupuesto de 2027 fueron presentadas por las fracciones de los partidos Liberación Nacional (PLN) y Frente Amplio (PFA), así como por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia.
Entre los aspectos cuestionados por la primera de las fracciones está si las normas presupuestarias impuestas al Poder Judicial y la Defensoría de los Habitantes, incluidas en la iniciativa, violentan la independencia judicial, la separación de poderes, las competencias de la Contraloría General de la República (CGR), el principio de igualdad y el derecho de acceso a la justicia.
Valga recordar que el plan de gastos recorta en ₡10.500 millones el presupuesto de la Corte. Además, contempla un bloqueo de ₡30.000 millones más, al establecer una serie de normas que —a criterio de la Corte Plena— harán casi imposible la ejecución de los recursos.
A pesar de lo anterior, la iniciativa no le fue consultada formalmente a los magistrados, lo que, a criterio de la oposición, violenta el artículo 167 de la Constitución Política.
Sobre esos particulares también versa la gestión hecha por los magistrados.
La otra consulta pide que se determine si el plan de gastos viola los artículos 84 y 85, relacionados con la autonomía universitaria y el financiamiento de la educación superior.
Esta gestión se relaciona con una rebaja presupuestaria de ₡8.048 millones en recursos postergados del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), que habían sido acordados hace un año por la Comisión de Enlace.
Precisamente, se argumenta que la Asamblea Legislativa, al aprobar una moción en el seno de la Comisión Permanente Ordinaria de Hacendarios, entró a modificar lo pactado, pese a que no tiene competencia para ello, pues los diputados solo pueden hacerlo en caso de que se plantee un diferendo.
Sobre esta información, Teletica envió una consulta a Casa Presidencial y está a la espera de una respuesta.
