Corte llevará presupuesto de 2027 a Sala Constitucional
Los magistrados también acordaron remitir al Congreso un informe jurídico que detalla las razones por las que considera que el plan de gastos impacta su funcionamiento y organización.
La Corte Plena acordó, la tarde de este lunes, autorizar a su presidenta en ejercicio, Damaris Vargas, presentar una consulta legislativa sobre el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2027.
De esta manera, el plan de gastos del otro año, que contempla un bloqueo de ₡29.844 millones para el Poder Judicial, llegará a la Sala Constitucional de la mano de los propios magistrados; eso sí, con la excepción de los integrantes del citado tribunal, ya que estos se inhibieron de participar en la votación.
La consulta se presentará una vez que el proyecto sea dictaminado por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa; instancia que rechazó las mociones que pretendían eliminar las restricciones presupuestarias impuestas a la Corte.
Durante las últimas semanas, el Poder Judicial ha rechazado reiteradas veces —algunas de ellas ante los integrantes del citado foro— las normas de ejecución presupuestaria del otro año, pretendidas por el Ministerio de Hacienda.
Asimismo, la institución ha advertido sobre sus posibles efectos en los servicios de justicia y la lucha contra el crimen, así como de eventuales violaciones a la Constitución Política.
Las controvertidas reglas condicionan el uso de ₡29.843,8 millones del presupuesto de la Corte a una serie de requisitos y trámites adicionales.
Estos incluyen, por ejemplo, la presentación de los estados financieros auditados del Fideicomiso de Infraestructura, certificaciones de la Contraloría General de la República (CGR), el conocimiento y la aprobación de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la aprobación del Plenario y, finalmente, una orden de Hacienda para desbloquear los recursos.
Sin embargo, el procedimiento no establece un plazo definido para que los fondos estén efectivamente disponibles.
Además, incluso si se cumplen todos los requisitos, su liberación depende de decisiones y trámites que involucran tanto al Poder Legislativo como al Poder Ejecutivo.
La Corte Plena también acordó remitir al Congreso un informe jurídico que concluye que el proyecto de presupuesto afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Asimismo, se enviará un segundo informe sobre el plan de gastos extraordinario de 2026, que señala su incidencia en la organización y el funcionamiento de la institución.
El primer informe responde a una iniciativa de la propia Corte Plena, mientras que el segundo se elaboró en atención a una consulta legislativa formulada por el Directorio del Congreso.