Poder Judicial: Congreso no consultó reforma que rebajó presupuesto al OIJ

La Corte Plena acordó, la mañana de este lunes, el estudio de acciones legales contra la más reciente rebaja presupuestaria sufrida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Ahora, las gestiones se formularán contra la Asamblea Legislativa, que mediante la aprobación de una reforma a la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2026 eliminó una norma que le concedía a la Policía Judicial la mitad del dinero correspondiente a las plazas vacantes del sector público que no se utilizaron en el primer semestre del año.

El estudio de las medidas a tomar fue encomendado al presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, con la asesoría de la Dirección Jurídica.

De momento, se desconocen cuáles son las acciones a emprender; no obstante lo anterior, durante la sesión se dejó entrever la posibilidad de formular una acción de inconstitucionalidad, en el tanto que el Congreso nunca consultó a la Corte si la ley aprobada el 16 de julio pasado —y publicada 4 días más tarde en el diario oficial La Gaceta— afectaba la organización y funcionamiento del Poder Judicial.

La directora ejecutiva de la institución, Ana Eugenia Romero, efectuó un análisis de la legislación y concluyó que la modificación dispuesta por los diputados impacta la flexibilidad operativa, financiera y las fuentes de financiamiento de la Corte.

Esto en el tanto que, además de suprimir una norma que impactó el plan de gastos del Organismo de Investigación Judicial, varió otras que le daban al Poder Judicial mayor agilidad financiera en los movimientos presupuestarios de la Policía Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública, así como la Oficina de Atención y Protección a la Víctima del Delito; al tiempo que obliga a la Corte a tener que contar con una autorización del Ministerio de Hacienda para cualquier modificación en el destino de sus recursos.

"Tenemos algo particular: este proyecto de ley fue tramitado y aprobado, pero sin consulta al Poder Judicial. Esto último lo confirmamos en la certificación que emitió el señor secretario, don Luis Ardón, la 188 de la semana anterior, donde confirma que no consta que la ley 10.966 fuera consultada ante la Corte Suprema de Justicia", explicó Romero.

Frente a tal situación, los altos jueces iniciaron una discusión de poco menos de una hora e hicieron ver eventuales inconstitucionalidades en el trámite del expediente 25.589. De ahí que ahora, entre otras medidas, se evalúe la posibilidad de una acción contra lo actuado por los legisladores.

Consultado sobre el particular, el presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y jefe de fracción del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, indicó a Telenoticias:

"Primero que nada, aclarar que esta norma fue introducida por los diputados hace algunos años; primero esos recursos iban a pago de la deuda y después decidieron que se tenía que distribuir entre los temas de seguridad.

"Eso no significa que tuvieran recursos. Era una disposición, así que si se hubieran llenado todas las plazas, no hubieran tenido nada".

La rebaja presupuestaria vía eliminación de la norma 10 se suma a otros frentes que la Corte —y en particular el Organismo de Investigación Judicial— enfrentan de parte del Gobierno de la República y su bancada.

Inicialmente, el Ministerio de Hacienda le pidió al Poder Judicial recortar un 5% de su presupuesto de 2026, pero los magistrados acordaron el 29 de junio anterior disminuirse un monto cercano a la mitad (₡13.242 millones).

Luego, la cartera comunicó a la Corte que retendrá ₡3.053 millones más, equivalentes al 42,4% de las cuotas de gasto de lo que queda del año.