Director del OIJ revela nueva millonaria rebaja en presupuesto tras detención de "Diablo"
"Señor ministro Rodrigo Chaves, por favor, ayúdenos con el dinero de la norma 10, lo necesitamos", suplica el jefe de la Policía Judicial, Michael Soto.
El director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, reveló la tarde de este viernes que, en plena operación para la captura de Alejandro Arias, alias "Diablo", fue notificado de una nueva rebaja presupuestaria.
Se trata de ₡5.731 millones que la Policía Judicial debía obtener como parte de lo estipulado en la norma 10 del artículo 7 de la Ley de Presupuesto Nacional de 2026, que dispone que esa institución y el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) recibirán en partes iguales los dineros de las plazas vacantes del sector público que no se utilizaron en el primer semestre del año.
"Me informaron hoy (viernes) en la mañana, en medio del operativo; (estaba) muy eufórico, muy contento, me abracé con Carlo, con los compañeros del SERT, con los compañeros de investigación. Y, de seguido, recibí una llamada y nos dijeron que este dinero de la norma 10, estoy hablando aparte del dinero que ya nos rebajaron, los 3.053 millones... este dinero tradicionalmente nos lo daban al final del año y lo utilizábamos para salir avantes con viáticos, combustibles, repuestos, chalecos, pistolas, fusibles, cascos, insumos científicos, para infraestructura. (...) me dijeron que no nos lo iban a dar", contó Soto durante una conferencia de prensa.
Frente a esa situación, el director interino aprovechó para enviar un mensaje al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves:
"Por favor, ayúdenos con el dinero de la norma 10, lo necesitamos".
El jefe de la Policía Judicial recordó que, durante 2025, se llevaron a cabo 44 operaciones de alto impacto; cifra que, como institución, se propusieron al menos igualar en el presente año.
Soto resaltó que ese tipo de acciones, que conllevaron operativos como los del caso "Riverside" o "Dalila", han permitido aplanar la ola de violencia que ha afectado a Costa Rica en los últimos años, hasta el punto en que las proyecciones apuntan a que el 2026 cerrará con menos de 800 homicidios.
Al respecto, se tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Hacienda.
