Magistrada ante recortes: "Que se tenga claro quiénes están dándole el abrazo a la criminalidad"

El nuevo rebajo de presupuesto sufrido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reavivó las críticas de parte de la Corte Suprema de Justicia hacia el Gobierno de la República y su fracción en la Asamblea Legislativa.

Durante la sesión de este lunes, algunos magistrados criticaron con dureza los intentos de restar recursos a la Policía Judicial, en momentos en los que esta representa la cara más visible de la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico.

"Yo pregunto: ¿Cuál es ese discurso de tanta preocupación por el crimen organizado? Porque el crimen organizado no es que nos afecte a algunos y a otros no... o desconozco si es que algunas personas sí tienen tutela del crimen organizado y que ellos no corren peligro y que por eso no les preocupa.

"Porque vean que los recursos que se nos eliminan, donde más se impacta, es precisamente en el Organismo de Investigación Judicial y en el Ministerio Público, abocados al combate abierto al crimen organizado y al crimen común, también, pero sobre todo a las bandas que también reclutan personas menores de edad. Eso creo que debe ser una preocupación de todos", señaló la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano.

En una línea similar se expresó su compañera de tribunal, Patricia Vargas, al criticar lo que considera es "una seguidilla de acciones" dirigidas a llevar al Poder Judicial a la estrechez financiera, en momentos en los que Costa Rica atraviesa una de las peores olas de violencia de su historia.

Por lo anterior, esta alta jueza fue la primera en proponer que el presidente de la Corte, Orlando Aguirre, iniciara la búsqueda de acciones legales contra la eliminación dispuesta por la Asamblea Legislativa —controlada por el oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO)— de la norma 10 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 2026, que implicó una rebaja de ₡5.731 millones al Organismo de Investigación Judicial.

"Que quede claro lo que está pasando. Reiterar que el día que tengamos que ponerle candado a las oficinas no será por gusto de esta institución, que trata de hacer lo posible e imposible por rendir y servir a la ciudadanía. Pero que sí se tenga claro, insisto, quiénes son los que están dándole el abrazo a la criminalidad y que no es el Poder Judicial el que lo está haciendo", señaló Vargas.

Las manifestaciones de las magistradas mantienen el tono utilizado una semana antes por casi la mayoría del pleno, luego que se conociera una retención de ₡3.053 millones por parte del Ministerio de Hacienda a las cuotas de gasto del Poder Judicial para el presente año.

Cuestionado por Telenoticias sobre si la modificación introducida por el Congreso mediante la ley 10.966 —aprobada el 16 de julio pasado y publicada en el diario oficial La Gaceta 4 días más tarde— debilitaba el combate de la delincuencia, el presidente de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y jefe de la bancada de la agrupación en el poder, Nogui Acosta, señaló:

"Esa es una responsabilidad de la Corte Plena. Entre el 2022 y el 2026, el presupuesto del Poder Judicial ha aumentado en ₡74.000 millones. ¿Por qué la Corte no compró esas armas (que ahora el director interino del Organismo de Investigación Judicial, Michael Soto, dice que no podrán adquirir por los recortes)? Tuvo los recursos, no requería recursos adicionales, pudo haber hecho la distribución.

"El problema es la priorización que hoy están haciendo. Y me parece bien injusto que ellos prefieran tener sus oficinas con aire acondicionado, estar gastando recursos en un edificio que no utilizan y no le dan los recursos ni al OIJ ni al Poder Judicial, ni al Ministerio Público".

Asimismo, el congresista recordó que la norma 10 que el Congreso recientemente suprimió otorgaba recursos a la Policía Judicial solo si quedaba dinero disponible de las plazas vacantes del sector público que no se utilizaron en el primer semestre del año.

El vocero del oficialismo insistió en que, producto de lo anterior, se trataba de recursos sobre los que la Corte no tenía ninguna seguridad y, en esa línea, calificó de "demagógico" que los magistrados planteen esa discusión.

De igual forma, Acosta fue enfático en descartar que fuera necesario que el foro que preside, o el Parlamento, tuvieran que tramitar alguna consulta al Poder Judicial —como lo reclaman los altos jueces— durante la tramitación de la reforma aludida, pues esta tenía que ver "con una disposición que establecieron los diputados".