Jiménez: Criterio de Corte sobre impacto por presupuesto "no responde a una consulta oficial"

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, adujo que el criterio de la Corte Suprema de Justicia, que concluyó que el Presupuesto Nacional 2027 afecta su funcionamiento y su organización, no fue formalmente solicitado, por lo que su contenido no resultaba vinculante para la votación celebrada la noche del jueves.

Así lo hizo ver la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) al ser cuestionada sobre el particular durante la extensa discusión que antecedió la aprobación del plan de gastos del otro año, por 31 votos contra 23.

Jiménez aseguró que, de una lectura del expediente 25.754, es posible extraer que ni la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios ni su despacho plantearon consulta legislativa alguna a los magistrados, en los términos establecidos por el artículo 167 de la Constitución Política.

El 19 de octubre pasado, la Corte Plena acordó remitir a la Asamblea un informe jurídico en el que detalló la forma en la que el proyecto de presupuesto afecta al Poder Judicial, debido al recorte de ₡10.500 millones previsto en el plan de gastos y un bloqueo adicional de ₡30.000 millones.

"Dicho oficio no responde a una consulta oficial realizada por ningún órgano de esta Asamblea Legislativa. Reitero, ni la Comisión de Hacendarios, ni esta Presidencia de la Asamblea Legislativa, ni por moción. Es un oficio igual o similar a los que envían todas las instituciones del Estado, haciendo referencia al resultado del presupuesto que se ha expuesto. Es un hecho cierto, no contamos con una respuesta oficial derivada de esa consulta que la Constitución Política estipula.

"Al no existir en el nivel o bajo análisis una consulta ni una respuesta en función de lo establecido de forma expresa por la Constitución Política, no podemos considerar el oficio indicado como un criterio constitucional vinculante en razón de ese ordinal que hemos expuesto, conforme a los elementos de derecho que se observan en el expediente 25.754, lo cual requiere para ser aprobado una votación de mayoría absoluta de los diputados presentes, según el 119", expuso la jefa del Congreso.

La presidenta legislativa también dispuso que el proyecto inicie la discusión en segundo debate el próximo 9 de noviembre, aun cuando la Sala Constitucional tiene en trámite tres consultas relacionadas con el presupuesto.

Jiménez subrayó que, por mandato de la Carta Magna, la resolución de conflictos relacionados con los planes de gasto de los Supremos Poderes recae sobre la Presidencia de la República y, al justificar la fecha elegida para la segunda votación, recordó que la Constitución establece un plazo para la votación que tiene como objetivo evitar una "parálisis" del Estado.

La decisión fue recurrida por el bloque opositor, pero ni la apelación ni las revisiones posteriores fructificaron.

"Yo me quiero centrar sobre todo en la decisión de ignorar el artículo 167 de la Constitución Política sobre la calificación de la votación por dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea Legislativa ante la evidente oposición del Poder Judicial por la afectación a su organización y funcionamiento, y la particular interpretación que usted ha hecho en el sentido de que, como no se le consultó oficialmente, deliberadamente, ustedes reconocen que no hicieron una consulta por escrito formal de este proyecto de presupuesto a la Corte Suprema de Justicia, entonces interpretan que no se aplica el artículo 167 de la Constitución Política. Tenemos dos normas en la Constitución.

"El artículo que hace referencia que usted mencionó sobre la votación del presupuesto por mayoría absoluta y el artículo 167, que es una norma especial que establece que para la discusión y aprobación de proyectos de ley que se refieran a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, deberá, no es facultativo... Si nos parece, consultamos; si no nos parece no consultamos. (Dice) 'deberá la Asamblea Legislativa consultar a la Corte Suprema de Justicia' y para apartarse del criterio de la Corte, cuando se afecte a la organización y funcionamiento del Poder Judicial, se requerirá una votación calificada de dos terceras partes del total de los miembros de la Asamblea", explicó el apelante y jefe de fracción del Partido Frente Amplio (PFA), José María Villalta.

Para el congresista, con ese argumento, la agrupación reconoció que siguió deliberadamente un camino dirigido a burlar lo señalado en la Carta Magna.

Tanto Villalta como el vocero del Partido Liberación Nacional (PLN), Álvaro Ramírez, y la diputada de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), Claudia Dobles, resaltaron que haberse saltado el procedimiento no elimina el vicio de inconstitucionalidad.