Sindicatos exigen diálogo por salarios: “Le espera un inicio de año gris al Gobierno”

Los sindicatos vaticinan un “inicio de año gris” a la administración de Rodrigo Chaves, si no convoca a la Comisión Negociadora de Salarios en el Sector Público.

Esa advertencia resonó la mañana de este martes de voz de la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE), Vivian Chaves, en la primera reacción de las organizaciones de trabajadores tras el anuncio hecho por el Presidente, de un ajuste en sus remuneraciones a partir de una reserva presupuestaria de ¢32.700 millones.

La medida anunciada por el Poder Ejecutivo el miércoles anterior gira alrededor de un aumento por concepto del costo de la vida para los funcionarios públicos que reciben sus salarios de forma compuesta. Sin embargo, hasta el momento, el Gobierno no ha detallado cómo lo repartirá, aunque ha garantizado que lo hará de forma tal que quienes tienen las remuneraciones más bajas, reciban una porción mayor.

Precisamente, sobre esa distinción de que la repartición excluya a los funcionarios con salario global (introducido en la Ley Marco de Empleo Público) es que radica el primero de los puntos de rechazo de parte de los sindicatos.

También existe molestia porque se estima que el incremento rondará los ¢10.000, lo que los gremios consideran se queda corto si se toma como punto de partida que los empleados públicos tienen casi seis años de recibir mejoras salariales. Simultáneamente, durante ese periodo de remuneraciones congeladas, los servidores públicos también sufrieron una importante pérdida en su poder adquisitivo.

No obstante lo anterior, el punto medular de la disconformidad de parte de las organizaciones tiene que ver con que el ajuste se haga sin la discusión que históricamente se ha hecho cuando han existido las condiciones para dar un aumento.

"Queremos en realidad denunciar la actitud del Gobierno en querer dar un decretazo. Un decretazo que es una imposición unilateral porque nosotros lo que hemos venido insistiendo es que se convoque a la Comisión Negociadora del Sector Público, a la Comisión Negociadora de Salarios. Ha sido una insistencia de meses atrás que no han querido sentarse con nosotros a disponer cuál es el monto real que les corresponde a todos los trabajadores del sector público y, en especial, el Magisterio Nacional. Entonces, ante esta situación nosotros seguimos viendo que estos incrementos, que por decreto quiere dar, no van a responder a la realidad", explicó el presidente del Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC), Gilberth Díaz.

Ambos dirigentes recordaron —a modo de “derecho de respuesta” ante las manifestaciones del gobernante— que el aumento salarial no responde a una decisión del Poder Ejecutivo, sino que la regla fiscal contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se estipularon una serie de parámetros para las mejoras salariales, siempre que la relación deuda-producto interno bruto (PIB) estuviera por debajo del 60%.

Es por ello que los sindicatos coinciden en que el incremento, más que una opción, era una obligación, si se considera que recién el país logró que ese índice bajara del límite.

"Históricamente, las metodologías para negociar o aplicar un salario han sido completamente diferentes a lo que se está imponiendo en este gobierno de Chaves. De ahí nosotros hemos venido insistiendo en que nos sentemos a negociar, pero han querido desconocer a la Comisión Negociadora de Salarios para manejar a través de un decretazo, es decir, para seguir siempre la precariedad de los salarios que han tenido nuestros compañeros y que no han querido discutirlo con nosotros", señaló la presidenta de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza.

Díaz aportó que ese actuar de parte del Presidente tiene un “tinte electorero”, situación con la que coincide el secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Albino Vargas, en un comentario que hizo una semana atrás.

Los sindicalistas, así como el secretario general del Sindicato Nacional de Profesionales de la Orientación (Sinapro), Alejandro Núñez, y el presidente de la Asociación de Educadores Pensionados (ADEP), Pedro Golcher, reiteraron su llamado a la convocatoria inmediata de la Comisión Negociadora.

"El mensaje final es que la clase trabajadora debe respetarse y que el inicio del 2026 se pueda tornar oscuro para el gobierno de Chaves en caso de que no acceda a tener una negociación legítima para un incremento salarial justo y legítimo para todos los trabajadores de la educación, y a los compañeros pensionados y jubilados y trabajadores en general del sector público", enfatizó la dirigente.

Valga recordar que la citada Comisión Negociadora debía sesionar el pasado 8 de diciembre, pero tres días antes el llamado se dejó sin efecto de parte del ministro de Planificación Nacional y Política Económica, Marlon Navarro.

El jerarca adujo que los actores convocados a esa mesa de diálogo no confirmaron oportunamente su asistencia, mientras que Chaves defiende que respondió en representación de otros sindicatos, pues fue a ella a quien se le dirigió la invitación en un primer momento.

La dirigente sostiene que toda esa situación forma parte de una “jugada” del mandatario que buscaba desestimular una protesta que tomó las calles de San José el 26 de noviembre anterior.