Representante sindical ante CCSS califica de "espurio" motivo por el que se negó nombramiento
La dirigente Martha Rodríguez asegura que el Consejo de Gobierno hizo una "doble sanción" en su contra, pues primero la destituyó como directora de la institución y luego le rechazó ser suplente.
Martha Rodríguez, la representante suplente designada por los sindicatos a la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), alegó haber sufrido una "doble sanción" de parte del Consejo de Gobierno.
Esto en el tanto que, primero, ese órgano la destituyó el 5 de agosto de 2025, y después, usó dicho cese para rechazarle un nombramiento el 24 de junio pasado, según lo hizo ver en entrevista con Teletica.com.
La también secretaria general adjunta de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) recordó que ella y otras organizaciones de trabajadores cuestionaron en su debido momento la determinación tomada hace un año por la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026), que le impidió terminar su periodo como directora del ente administrador de los servicios públicos de salud.
Específicamente, Rodríguez alegó ante la Sala Constitucional una aparente violación al debido proceso, de la autonomía constitucional de la que goza la Caja, de su ley constitutiva y de la independencia de los integrantes de la mencionada cúpula.
"Básicamente, lo fundamentan en una destitución espuria e ilegítima. Hay un proceso en la Sala Constitucional desde el año anterior, precisamente con un alegato al respecto que no ha sido resuelto y que, en este caso, aún con esa condición, sería la aplicación de una doble sanción, porque a mí ya se me había sancionado. Yo no tengo prohibición para ejercer cargos públicos, no es una competencia del Consejo de Gobierno, así que me parece que es un argumento de lo más espurio y de lo más inútil", aseveró la dirigente en conversación con este medio.
El Consejo de Gobierno también rechazó la designación de la titular, la exdiputada Rocío Alfaro, por su falta de competencia en materia económica, participación activa en política, incompatibilidad operativa por potencial conflicto de intereses y "prejuzgamiento" por opiniones emitidas en relación con decisiones institucionales.
De igual forma, denegó el nombramiento de los representantes patronales Juri Navarro, Mario Alberto García y Eduardo Rodríguez, por el presunto incumplimiento del requisito de paridad de género.
