Proceso de extradición de Celso Gamboa tiene dos obstáculos menos

El proceso de extradición de Celso Gamboa tiene dos obstáculos menos. Su defensa técnica confirmó que las dos absolutorias que el exmagistrado y exministro de Seguridad Pública ha recibido ya se encuentran en firme.

Precisamente, para que el también exfiscal pueda ser entregado a Estados Unidos, es casi indispensable que contra este no existan procesos penales pendientes.

Valga recordar que cuando Gamboa fue detenido con motivo del requerimiento por presunto tráfico internacional de drogas, el 23 de junio pasado, el exjerarca tenía cuatro causas abiertas y todas ellas estaban acusadas. Tal situación casi que obliga a que las sumarias acaben, para que pueda darse su entrega al gigante norteamericano.

Desde entonces, el exministro afrontó dos juicios y en ambos salió bien librado, con absolutorias por duda.

En el primero se le acusaba bajo el expediente 17-000039-0033-PE de presunto tráfico de influencias junto a la también exfiscala Berenice Smith, en favor del exalcalde de San José, Johnny Araya. Sin embargo, el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública libró de culpas a los tres encartados, el 13 de agosto anterior.

Casi dos meses después, el 10 de octubre pasado, el exjerarca fue absuelto por el Tribunal Penal de Cartago de un aparente uso de documento falso junto al exdirector general de la Policía de Control Fiscal (PCF), Irving Malespín, que se les siguió en el expediente 19-000218-0622-TP.

"Ya ambas resoluciones se encuentran firmes. Ninguna de las dos resoluciones fue apelada. Me refiero a la causa que popularmente se conoce como la causa de Johnny Araya, esa absolutoria que fue una absolutoria dictada por duda, no fue apelada por parte ni de la Procuraduría General de la República (PGR) ni del Ministerio Público. Y lo mismo con la situación que se dio con el colega don Irving Malespín, que era una situación de falsedad ideológica y uso de documento falso. Ese también fue absuelto por duda y no fue apelada por parte del Ministerio Público y, en este caso, no accionaba la Procuraduría", explicó en entrevista con Teletica.com el abogado de Gamboa, Michael Castillo.

¿Qué queda entonces por delante? Aparte de la apelación planteada por la defensa del exmagistrado contra la orden de extradición dictada el 7 de diciembre anterior por el Tribunal Penal del I Circuito Judicial de San José, otros dos procesos están en el horizonte próximo del exministro.

El próximo 15 de diciembre, por ejemplo, el exjerarca enfrentará una audiencia en el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública por la sumaria 18-000075-033-PE, en la que se le acusa de supuesto tráfico de influencias.

Ahí se le achacan hechos que presuntamente se dieron el 10 de abril de 2018 y que tienen que ver con un pedido que en apariencia hizo Gamboa a los entonces diputados Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, para que faltaran a la sesión legislativa de ese día, en la que se iba a votar su destitución como magistrado de la Sala de Casación Penal. Además, supuestamente le solicitó a las también congresistas Marlene Madrigal y Nidia Jiménez que reconsideraran sus votos y que se inclinaran en contra de su cese del cargo.

El otro caso se tramita en la causa 17-000015-033-PE, en la que se persiguen los supuestos cohecho propio, tráfico de influencias y perjurio. La sumaria incluso tiene fecha señalada para debate del 5 al 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública.

Los hechos que ahí se persiguen —entre otros— fueron precisamente los mismos que dieron pie al despido de Gamboa como alto juez y se relacionan con un viaje a Panamá que este, supuestamente, recibió como dádiva a cambio de que evitara inhibirse de resolver una solicitud de desestimación en el expediente 15-000022-0033-PE, que se seguía contra los exlegisladores Otto Guevara, Víctor Morales y Wálter Céspedes (actual alcalde de Matina), así como al empresario Juan Carlos Bolaños, por un aparente tráfico de influencias en favor de este último.

Repercusiones internas

El primero de los procesos mencionados, la causa 17-000039-0033-PE, provocó movimientos en el Ministerio Público.

Valga recordar que, en esa sumaria, los fiscales que participaron en el contradictorio, Natalia Villalta y Carlos Rodríguez, solicitaron la absolutoria de Celso Gamboa, Berenice Smith y Johnny Araya, durante las conclusiones del debate. Esto en el tanto que no se logró probar la aparente influencia que los dos primeros ejercieron sobre su subalterna, Natalia Rojas, para lograr una presunta ventaja en favor del tercero. 

Ante tales situaciones ocurridas durante el juicio, el fiscal general Carlo Díaz ordenó un análisis de las actuaciones de sus subalternos a lo largo del trámite del caso.

Los resultados del mismo los dio a conocer el jefe del Ministerio Público en una entrevista con Noticias Columbia, en la que reveló que Villalta había sido removida como fiscala adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, mientras que a Rodríguez se le mantuvo en su puesto.

A criterio de Díaz, la primera de las funcionarias era la representante y superior jerárquica del Ministerio Público en el debate, por lo que debió rectificar la intervención que había hecho el otro servidor durante los alegatos de cierre del debate.

Villalta fue trasladada a jefa de la Fiscalía de San Carlos.