Exdirectora jurídica de SINAC: Declaración de interés nacional en Crucitas era innecesaria
La defensa de cinco de los imputados considera que la declaración "le suprime el carácter delictivo" a las supuestas resoluciones ilegales acusadas.
La exdirectora jurídica del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), Sabrina Loáiciga, consideró innecesario el decreto ejecutivo que declaró como de interés nacional el proyecto minero Crucitas.
Tal criterio fue expuesto en su oportunidad y fue reiterado la mañana de este martes por la abogada en su declaración ante el Tribunal Penal de Hacienda y de la Función Pública, en referencia a la posible emisión de resoluciones contrarias a la ley, en el marco de la concesión de la iniciativa para la explotación de oro, planteada en el segundo gobierno del expresidente Óscar Arias.
La exservidora incluso apuntó la existencia de contradicciones en criterios emitidos previo a la firma del decreto 34.801 del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), del 3 de octubre de 2008.
"El criterio de la dirección nuestra era que de acuerdo a la norma, que en su momento era el Código de Minería, que fue la interpretación que nosotros hicimos a nivel interno, era que no se requería la declaratoria. Por consiguiente tenía determinarse si era viable o no el tema de la corte, pero ya por aspectos meramente técnicos y no jurídicos. Por el contrario, el de la oficina regional o el del Área de Conservación era que sí requería un instrumento o una declaratoria de interés y por consiguiente debía someterse a firmas, a publicación y demás", recalcó Loáiciga.
Para la defensa de cinco de los imputados en este caso, esta deposición es de gran relevancia.
"En el caso de doña Sabrina Loáiciga, que era la abogada del SINAC, nos dice dos cosas que son muy interesantes. Primero, que para ella no era ni necesaria la declaratoria de conveniencia de interés nacional que se hizo por decreto ejecutivo. Es decir, el decreto era inclusive innecesario, lo cual todavía le suprime el carácter delictivo, o sea, no era necesario remover ese obstáculo.
"Adicionalmente, ante una pregunta que yo le hice, dice que el decreto lo que hace es autorizar el cambio de uso de suelo y la tala de árboles, no obligar. El decreto efectivamente lo que hace es autorizar al Área de Conservación de San Carlos para que ellos técnicamente determinen la tala o no de los árboles. En ningún momento fue una obligación, sino que debía hacerse un análisis técnico", recalcó el abogado José Miguel Villalobos.
Para la tarde de este martes se espera la declaración del jurista y exdiputado Edgardo Araya, quien formó parte de los ambientalistas que dieron una batalla legal al fallido proyecto Crucitas.
