Política criminal y combate a la delincuencia

Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.

Costa Rica está inmersa en una ola de criminalidad sin precedentes. Si bien parece que este año podría registrarse una disminución en la cifra de homicidios, los números siguen siendo alarmantes y las víctimas colaterales continúan acumulándose, en una estadística de horror y dolor.

Una mirada a las noticias de los meses de abril y mayo nos muestra que un niño de 3 años fue baleado en brazos de su padre, quien fue asesinado por sicarios; otro de 9 años fue herido de bala mientras dormía en su cama; y uno de 11 años murió en un ataque armado en el que falleció un adulto.  

Hay niños que mueren incluso antes de nacer, como sucedió en el caso de una salonera embarazada, madre de dos niños pequeños, víctima colateral de los balazos de sicarios en su lugar de trabajo. Y este listado no es exhaustivo, sino ejemplificativo. Los casos son más…  

Esta despiadada ola de delincuencia y sicariato, que se lleva las vidas de muchos inocentes y deja tras de sí sufrimiento a mares, es impulsada por la criminalidad organizada y por el narcotráfico. Estos son fenómenos criminales transnacionales, por lo que ningún país puede combatirlos de manera aislada; por ello, la cooperación internacional es indispensable.  

Son también multicausales, se nutren de la desigualdad, la corrupción, la marginación social, la falta de oportunidades, entre otras. Consecuentemente, la respuesta no puede limitarse a medidas simplistas, sino que debe ser multisectorial, es decir, un esfuerzo coordinado entre los diversos actores estatales y sociales, a partir de datos y evidencia.  

Por eso es necesaria una política criminal, entendida como el conjunto de medidas, decisiones y estrategias que puede adoptar un Estado para responder y combatir un fenómeno delincuencial determinado. La política criminal no se limita únicamente al ámbito penal, o a la fórmula trillada de leyes “más duras y más cárcel”. Si fuera tan sencillo, hace mucho la delincuencia habría desaparecido. 

Se trata de una verdadera política, que articula la acción de los diferentes entes estatales —no solamente policiales y judiciales—, que incluye también a sectores de la sociedad civil, para que, de manera conjunta y sostenida en el tiempo, desarrollen estrategias de prevención, persecución y castigo eficaz del delito, rehabilitación y reinserción, todo en un marco de respeto de garantías.  

Una política criminal involucra una dimensión normativa, pues requiere la adopción de leyes. Para ello, es necesario estudiar nuestro marco jurídico actual para determinar si resulta suficiente para combatir la delincuencia organizada y el narcotráfico.  

Debe integrarse una dimensión preventiva, que recae, en primer lugar, en el Ministerio de Seguridad Pública y la policía. Conforme a nuestra Constitución Política, ambos tienen el deber de prevenir el delito y de garantizar la seguridad de todas las personas. Pero no solamente ellos pueden hacerlo.  

La escuela, como herramienta de movilidad social, cumple una función esencial para alejar a nuestros niños y jóvenes de la delincuencia. El urbanismo también puede ayudar, pues la existencia de lugares apropiados para el deporte y el esparcimiento incide en la criminalidad. La salud es otro factor, pues muchos vendedores de droga al menudeo son también consumidores. Apoyar su recuperación de la adicción puede contribuir a alejarlos de la delincuencia. 

Desde luego, una política criminal efectiva exige una dimensión represiva, donde cada hecho delictivo sea efectivamente investigado, perseguido y castigado, en un proceso respetuoso de los derechos y garantías. Porque, en una democracia, el fin no justifica los medios. 

Por último, aunque para algunos es una utopía, la dimensión rehabilitadora, que busca reinsertar en la sociedad a quien ha cometido un delito. Aunque es un reto enorme, no podemos renunciar a esta aspiración. Primero, porque la rehabilitación evita la reincidencia delictiva; pero, sobre todo, porque renunciar a ella es perder toda esperanza en el ser humano y declarar que las personas son incapaces de enmendarse y de reconstruirse. 

La situación de la criminalidad organizada y el narcotráfico en Costa Rica requiere urgentemente una política criminal. Esperemos que las nuevas autoridades de Gobierno sepan aprovechar su amplia mayoría legislativa para impulsar una en beneficio de todos.  

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