Vacantes en Sala IV traban discusión de pedido para desafuero de Chaves, según magistrada

La falta de nombramientos de los magistrados suplentes de la Sala Constitucional mantiene trabada la discusión y posterior votación de una solicitud de levantamiento de inmunidad en contra del ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves, en el caso que se le sigue por las estructuras paralelas que presuntamente financiaron su campaña en 2022.

Así lo aseguró la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, en entrevista con Teletica.com. Valga recordar que ese Alto Tribunal es al que le corresponde en primera instancia el juzgamiento de miembros de los Supremos Poderes.

Sin embargo, el expediente 22-000116-1218-PE que se sigue contra el expresidente por aparente financiamiento irregular todavía no llega a ese punto, pues antes debe ser conocida por el Tribunal de Corte Plena, que debe analizarla y determinar si la acusación que el fiscal general Carlo Díaz remitió el 23 de junio de 2025 tiene mérito suficiente como para pedir a la Asamblea Legislativa que despoje al jerarca del fuero de improcedibilidad del que goza en virtud del puesto que ocupa.

"El expediente está en la Secretaría de la Corte desde setiembre de 2025. Porque no se conoció en algún momento por las agendas complejas de Corte y a veces lo que es constituir el Tribunal de Corte Plena. Posteriormente, porque el magistrado (Paul) Rueda está inhibido de conocer esa causa y, como no contamos con magistrados suplentes de la Sala Constitucional, no se ha podido integrar el Tribunal de Corte Plena", explicó Solano en su conversación con este medio.

Dicho alto juez pidió —y así se le aprobó— separarse de la causa, en el tanto que Chaves acudió el 19 de julio de 2024 a denunciar a su hija Jimena, por una publicación que compartió en sus redes sociales con un comentario del entonces mandatario sobre una supuesta tala ilegal, acompañado de la frase "ya esto amerita un francotirador". Ese mismo día, el otrora gobernante sugirió al magistrado que se apartara de conocer cualquier proceso que lo involucrara a él.

La discusión en el Tribunal de Corte Plena no pudo llevarse a cabo en su momento porque fue imposible la conformación de los 22 miembros del órgano. Por ejemplo, el 16 de diciembre de 2025, el asunto estaba programado para la sesión, pero dos magistrados se ausentaron por el fallecimiento de familiares cercanos, según indicó la oficina de prensa del Poder Judicial a Teletica.com dos días más tarde.

Pero luego se sumaron otras circunstancias y ahí es donde toma relevancia la afirmación de Solano. 

El mismo día de la fallida discusión del asunto acabaron los nombramientos de los 12 magistrados suplentes de la Sala Constitucional, que son los únicos que pueden sustituir a Rueda en el conocimiento del expediente seguido contra el ministro.

La designación de los citados sustitutos es un pendiente que el Congreso arrastra desde el 15 de octubre de 2025, día en que la Corte envió la lista de candidatos para ocupar las vacantes.

Hasta ahora, las votaciones han fracasado, pues ningún aspirante alcanzó la votación mínima para ser nombrado (38 votos).

Con el cambio de periodo constitucional y una nueva integración del Parlamento con mayoría del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que sigue la línea de Chaves, el asunto no se ha vuelto a someter a conocimiento del Plenario.

El jueves anterior, cuando el tema se discutió en Jefes de Fracción, la presidenta de la Asamblea, Yara Jiménez, anunció que enviaría al Poder Judicial un oficio para aclarar información relacionada con un supuesto nuevo concurso para elegir a nuevos aspirantes a magistrados suplentes, ante las votaciones infructuosas.

Pero ese mismo día, la Sala Constitucional aclaró públicamente que se trataba de una ampliación únicamente para seleccionar tres personas adicionales para completar la lista enviada al Congreso y enfatizó que no habría un nuevo concurso hasta que se culminara el que está en curso.

Se espera que ese tema vuelva a conversarse este jueves, en una nueva sesión de ese órgano.

Entretanto, la Sala Constitucional dejó de conocer 85 recursos debido a la falta de suplentes.

Otro camino



Frente a la vacancia de las suplencias de la Sala Constitucional, Patricia Solano mencionó que, desde su perspectiva, existe una posibilidad de desentrabar el tema.

Específicamente, la magistrada señaló que el artículo 29 de la Ley Orgánica del Poder Judicial habilita al alto juez Paul Rueda a participar de esa discusión.

"(Dicho numeral) dice que cuando no es posible integrar el tribunal con suplentes, debe asumirlo el titular y salva las responsabilidades por conocer del asunto porque no se puede dejar para séculas (siglos) el expediente si no necesariamente tenemos la obligación de resolverlo", explicó la presidenta de la Sala de Casación Penal.

No obstante, Solano fue enfática en que, por el momento, se ha optado por esperar la designación de los sustitutos de la Sala Constitucional para poder entrar a conocer la acusación contra Rodrigo Chaves.

Además del exmandatario, en esa causa fueron acusados el exvicepresidente y actual diputado, Stephan Brunner, el excanciller Arnoldo André, así como los exlegisladores Pilar Cisneros, Waldo Agüero, Paola Nájera y Luz Mary Alpízar.

Solo Chaves y Brunner ostentan inmunidad en la actualidad, mientras que el resto de imputados perdieron el fuero con el inicio de la administración de Laura Fernández.

Consecuentemente, el caso contra estos debe pasar a la vía ordinaria, donde primero se les deberá tomar declaración indagatoria (es decir, se les informará formalmente los hechos por los que se les investiga y la prueba que se tiene en su contra). Luego, si el Ministerio Público así lo considera, puede volver a acusar y solicitar la apertura de un juicio.

Estructuras paralelas

De acuerdo con la investigación contra Rodrigo Chaves y compañía, iniciada en 2022, supuestamente se utilizaron dos mecanismos irregulares para financiar la campaña electoral del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

Estas presuntas estructuras paralelas fueron el fideicomiso Costa Rica Próspera y las cuentas bancarias personales de una mujer de apellido Agüero, hija del excongresista Waldo Agüero. La misma enfrenta un proceso independiente bajo la causa 22-000210-0276-PE, a cargo de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA).

Ambas vías de financiamiento operaron —en apariencia— al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería de la agrupación política que llevó a Chaves al poder, a pesar de lo exigido en el Código Electoral.

Lo anterior contravino los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, lo que a su vez afectó la integridad del proceso electoral, a criterio de la Fiscalía General.

El Código Electoral establece que toda contribución a partidos, candidaturas o precandidaturas debe ser realizada por personas físicas nacionales, plenamente identificadas, y canalizada únicamente a través de los mecanismos oficiales de la divisa.

Este medio procuró una reacción de Casa Presidencial sobre el tema, pero todavía se encuentra en trámite. 

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