POR Paulo Villalobos | 29 de julio de 2026, 15:54 PM

La presidenta Laura Fernández llamó a los diputados a presentar una "reforma fuerte y contundente" a la Contraloría General de la República (CGR).

Esto luego de que el ente auxiliar de la Asamblea Legislativa le ordenara el pasado lunes al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) que cesara el uso de alianzas estratégicas con empresas privadas para ejecutar contrataciones directas con otras instituciones públicas.

"Haga todos los recursos (contra lo determinado), presente todos los recursos", instruyó la mandataria al presidente ejecutivo del Instituto de Electricidad, Marco Acuña. 

"Pero yo creo también que es importante revisar la ley. A la Contraloría no se le puede dejar a la libre y que en cualquier momento aparezca con una interpretación nueva que nadie entiende; no se justifica, no hay un razonamiento", agregó la mandataria.

La gobernante aseguró haber perdido "cualquier esperanza" con la entidad fiscalizadora, de ahí que espera que el Congreso discuta cambios a esta a la mayor brevedad.

Tanto Fernández como Acuña se dijeron molestos con lo que calificaron como un "cambio de interpretación" de parte de la Contraloría.

La determinación de ese órgano se deriva de una investigación realizada sobre procesos excepcionales de contratación directa entre 10 entidades públicas y el Instituto de Electricidad, mediante la cual se detectó que las instituciones evadieron licitaciones públicas al usar, de forma ilegítima, la figura excepcional contemplada para los entes de derecho público.

Valga recordar que la contratación directa solo es posible si la institución elegida ejecuta el objeto sustancial por sí misma. Con su pesquisa, la Contraloría determinó que el Instituto de Electricidad recurrió a alianzas con compañías que asumieron ese rol, en áreas como desarrollo técnico, equipamiento de hardware y software, así como mantenimiento. De esta manera, su participación en esos contratos se redujo a una intermediación comercial y administrativa, según el ente fiscalizador.

"Dicen que la Contraloría ha detectado irregularidades y por eso cesa o suspende este tipo de contratos. Pero en ninguno se ha evidenciado irregularidad o indicio de corrupción; es simple cambio de interpretación a la ley especial de contratación del ICE. Tiene 20 años de usarse, pero hasta ahora interpretan que no podemos usar las alianzas con empresas privadas para dar servicios al Estado", criticó el jerarca.

Por lo anterior, Acuña prometió que agotará la vía administrativa y que, en caso de mantenerse la prohibición de echar mano de esa figura, emprenderá un proceso contencioso administrativo.

El presidente ejecutivo mencionó que entre los proyectos que se ponen en riesgo con la orden de la Contraloría está el Expediente Digital Único en Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (EDUS-CCSS), así como una iniciativa de conectividad para 4 mil centros educativos.

Además, el jerarca aseguró que la determinación pone en desventaja a su institución respecto a la competencia y crea inseguridad jurídica.

Sobre el particular, Teletica.com tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del ente auxiliar de la Asamblea.