El Consejo Nacional de Rectores (Conare) negó este jueves que las universidades públicas incumplan con sus obligaciones tributarias.
En su lugar, el órgano que reúne a las rectorías de las cinco casas de enseñanza superior explicó que la investigación que actualmente realiza el Ministerio de Hacienda por presuntos incumplimientos tributarios —dada a conocer por Teletica— responde a una diferencia con el tratamiento que la cartera hace de las cuotas de filiación a organismos internacionales.
En un extenso pronunciamiento, el Consejo de Rectores precisó que la fiscalización de Hacienda pasa por una serie de transferencias internacionales que los centros educativos realizan y que, según el fisco, estarían sujetas al impuesto sobre las remesas al exterior (IRE).
“El diálogo entre las universidades y la Dirección General de Tributación se refiere a operaciones específicas, realizadas para atender actividades académicas, científicas y de cooperación universitaria.
“Entre ellas se encuentran las cuotas de afiliación a organizaciones académicas regionales e internacionales sin fines de lucro, como el Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA) y la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUALC), así como pagos por acceso a plataformas, bases de datos, revistas académicas, libros electrónicos y repositorios científicos”, dijo Conare.
El acceso a esas plataformas, según los rectores, permite disponer de recursos bibliográficos y científicos indispensables para la docencia, la investigación, la innovación y la formación de las personas estudiantes.
El Conare insistió en que ni las cuotas de afiliación ni el acceso a contenidos científicos deben calificarse automáticamente como regalías, franquicias o servicios gravados.
“La normativa tributaria grava las rentas o beneficios de fuente costarricense que se paguen, acrediten o pongan a disposición de personas no domiciliadas. Por ello, Conare considera que la determinación del impuesto debe fundarse en los supuestos expresamente previstos por la ley, sin extender su aplicación por analogía a operaciones de otra naturaleza.
“La materia no corresponde a una controversia sobre evasión tributaria. Se trata de una diferencia de criterio técnico sobre la correcta calificación de determinadas operaciones internacionales vinculadas con los fines públicos de las universidades. Las instituciones han acudido a las vías formales de consulta y gestión ante la Administración Tributaria desde 2021, con el propósito de contar con certeza jurídica y cumplir adecuadamente sus obligaciones”, añadió.
La disputa entre las universidades públicas y Hacienda fue dada a conocer la semana anterior por Teletica, luego de que el viceministro de Ingresos, Víctor Julio Carvajal, confirmara que existe una investigación abierta contra los centros de enseñanza superior por presuntos incumplimientos “bastante graves”, que dijo responden a una “cantidad significativa de recursos”, aunque no precisó montos.
En su momento, el ministro aseguró que se trataba de cobros sobre impuestos de renta no retenidos, aunque luego se precisó que respondían a cobros por remesas.
El Conare confirmó, tal y como dijo Carvajal a este medio, que la solicitud de información inició desde 2021.
La Dirección General de Tributación convocó a las universidades públicas, mediante el oficio MH-DGT-DGCN-SGT-UGB2-TEMPORAL-OF-0329-2026, del 11 de setiembre de 2026, a continuar el análisis técnico de este tema durante la primera quincena de noviembre.