El video en el que el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, encara a privados de libertad en el Centro de Atención Institucional 26 de Julio, en Puntarenas, llegó este miércoles a la Sala Constitucional.
La Defensa Pública informó en un comunicado que formuló un amparo contra la cartera, luego de una publicación realizada el martes que se tituló "Los Jachudos van directo al CACCO (Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado)".
Al recurso —según la nota de prensa— se le asignó el expediente 26-036382-0007-CO.
La institución explicó que, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, interpuso la gestión con el objetivo de hacer una "tutela efectiva" de los derechos de los privados de libertad que, a su criterio, pueden verse comprometidos por las actuaciones del jerarca, difundidas a modo de anuncio.
El comunicado apunta que la Defensa Pública debe procurar que se garantice el acceso a la justicia y que se vele porque los reclusos sean tratados con respeto a su dignidad, integridad y demás garantías fundamentales, conforme lo establecen la Constitución Política, las leyes nacionales y los instrumentos internacionales de derechos humanos.
La nota de prensa reconoce que la seguridad y la disciplina resultan "esenciales" para el adecuado funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional; sin embargo, resalta que estas deben desarrollarse dentro del Estado de Derecho.
Sobre el particular, Teletica tiene en trámite una consulta ante la oficina de prensa del Ministerio de Justicia y Paz (MJP).
La Defensoría calificó como "acciones arbitrarias y tratos humillantes" lo hecho por Gabriel Aguilar en el video compartido en las redes del ministerio, mientras que el jerarca respondió que el criterio de la defensora "no le es vinculante".