En medio de advertencias por eventuales inconstitucionalidades y los efectos que esto tendría en la lucha contra la delincuencia, el proyecto de Ley de mano firme ante la reincidencia delictiva fue dictaminado por la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.
De esta manera, la iniciativa presentada el 15 de junio pasado por la presidenta Laura Fernández consiguió avanzar hasta el Plenario, de la mano del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), que puso sus cinco votos para imponerse al bloque opositor compuesto por los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN), Marco Badilla y Éder Hernández, así como del Partido Frente Amplio (PFA), Sigrid Segura, y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Abril Gordienko.
El presidente del foro, Gonzalo Ramírez, celebró el dictamen y expuso su deseo de que el plan sea una realidad "pronto".
Asimismo, el congresista de línea de gobierno defendió que el proyecto lo que busca son penas más severas para los delincuentes recurrentes, restringir los beneficios penitenciarios y establecer reglas estrictas en la aplicación de la prisión preventiva.
Sin embargo, en la discusión por el fondo del proyecto, el jefe de fracción del Frente Amplio, José María Villalta, hizo ver su preocupación por una eventual automatización de la prisión preventiva en los casos en los que medie la reincidencia delictiva.
"La prisión preventiva es una medida excepcional que se aplica como herramienta procesal o para proteger a las víctimas, cuando se han demostrado indicios, peligro de fuga, peligro de que se obstaculice el resultado del proceso, peligro de que el imputado o la persona imputada siga delinquiendo. Pero tiene que ser fundamentada.
"Si aquí establecemos un sistema de prisión preventiva automática, bueno, primero, claramente es inconstitucional. En segundo lugar, lo que estamos haciendo es invirtiendo obviamente toda la lógica del proceso, poniendo primero la sanción antes del proceso penal. Eso tal vez podría, en un sistema punitivista, en un sistema sin garantías, ser visto por alguien como positivo", explicó el legislador.
Esa visión la comparte Gordienko, quien cree que el texto —tal cual fue dictaminado— no va a superar una potencial consulta ante la Sala Constitucional.
Por ello, invitó a la agrupación en el poder a buscar la forma de corregir los vicios que tiene y darle una mayor vialidad, de manera que no resulte en un planteamiento más que vaya a naufragar para posteriormente "buscar chivos expitatorios" a los que se les atribuye que esa ley no sea una realidad.
Ambos diputados hicieron ver su preocupación por los efectos que pueden resultar de diferentes elementos incluidos en la reforma, los cuales, desde su perspectiva, lejos de reducir la delincuencia, pueden acabar favoreciéndola.
Específicamente, hicieron hincapié en el registro de antecedentes por los 15 años posteriores al cumplimiento de la pena, los cuales consideran dificultarán a esas personas la búsqueda de empleo, haciéndolos propensos a recaer en las manos del crimen organizado.
Otro punto que mencionaron es la eliminación de la proporcionalidad, para, por ejemplo, atenuar penas por delitos de drogas a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.
"Solamente el ser humano a veces cree que puede seguir haciendo las mismas cosas y esperar resultados diferentes. Aquí dicen que estos cambios tan radicales no van a corregir el problema de la delincuencia, pero seguir exactamente en este modelo en el que estamos ha demostrado claramente que tampoco lo hace.
"Esta alcahuetería y esta impunidad en la que este país ha vivido durante muchísimas décadas han dejado claro que no funciona, que no funciona. Todo ese discurso al respecto de que no podemos dejar de pensar y que 15 años y que no trabajan y que una cosa y que la otra, durante muchos años se ha implementado y no ha funcionado. Yo no veo que la delincuencia haya disminuido un número, ningún número", expuso por su parte la legisladora oficialista Kattia Calvo.
Desde su perspectiva, las garantías procesales actuales, que entre otras cosas establecen que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter excepcional, "ha promovido la impunidad".
La congresista hizo ver que la Constitución Política y las leyes deben ajustarse a las necesidades y las circunstancias, tales como los altos niveles de criminalidad que afronta Costa Rica.
Asimismo, reconoció que la fracción ha escuchado los criterios de expertos e instituciones consultadas —como la Corte Suprema de Justicia, la Defensa Pública y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD)— en el trámite del expediente legislativo 25.616 y aseguró que la bancada del partido en el gobierno trabaja en mociones que se presentarán "en el momento oportuno".