Magistrado dice que reformas buscan subir número de reos para privatizar cárceles; Justicia lo niega
Las palabras de Fernando Cruz se dieron en la última sesión de Corte Plena. La cartera descarta haber valorado el dar a terceros la administración del sistema penitenciario.
El magistrado Fernando Cruz sostiene que las reformas impulsadas por el Gobierno de la República en materia de seguridad buscan aumentar el número de privados de libertad para dar pie a la tercerización de las prisiones.
Así lo hizo ver el pasado lunes durante la sesión de Corte Plena, mientras se discutía un informe relacionado con el proyecto Ley de mano firme ante la reincidencia delictiva, impulsado por la presidenta Laura Fernández.
En su intervención, el alto juez de la Sala Constitucional realizó una reflexión sobre la discusión que la actual administración y la anterior han impulsado sobre el tema y calificó de "retroceso" que se pretenda retomar el debate en torno a la reincidencia, cuando el país zanjó una posición hace más de 40 años.
"Hay como un renacer de una discusión que me parece que es de trascendencia porque es como que yo voy arrastrando la reincidencia como si no hubiera sido suficiente la pena que cumplí. Tiene toda la carga de la visión positivista del peligrosismo, que es afín, aunque muy entreverada, con las visiones autoritarias del derecho penal", señaló Cruz.
El Ministerio de Justicia y Paz (MJP) defendió ante una consulta de Teletica.com que "la criminalidad ha cambiado" y agregó que, pese a ello y a la evidencia, "existen sectores y opiniones" que todavía la ubican en los años 80 (precisamente cuando se trató el tema de la reincidencia).
Tal situación, a criterio de la cartera, "no es acorde".
"Yo hago esta reflexión porque es todo un tema, pero es interesante porque lo que va a hacer es elevar el número de personas que están intramuros. Esa elevación va en favor de la privatización de las prisiones, porque una, que es un objetivo a largo plazo del Gobierno actual y del pasado, el modelo de Nayib Bukele (presidente de El Salvador), porque la privatización permite una alta cifra de ocupación y eso es lo que, cuando se contrata privadamente, ellos quieren.
"Desea el contratista privado tanto que tienen que garantizarle un mínimo de ocupación de las prisiones. Más o menos como si fuera una ocupación turística, pero en condiciones muy dramáticas. Hago esta reflexión porque de por medio está este tema", explicó el magistrado.
Pero desde la oficina de prensa del Ministerio de Justicia descartó que, por el momento, se tenga bajo valoración que terceros administren el Sistema Penitenciario Nacional.
La cartera calificó de "conjeturas" las manifestaciones que apuntaran a una eventual privatización de las cárceles.
La iniciativa que motivó las palabras de Cruz, así como el proyecto Ley Gerson Rosales de protección integral a la víctima y al servidor policial (nombrado en honor al último oficial caído en Costa Rica), prevén la automatización del dictado de prisión preventiva y la anulación de beneficios penitenciarios en casos en los que exista "un riesgo de continuación de la actividad delictiva" o cuando medie algún tipo de resistencia de parte del sospechoso al momento de la aprehensión.
