Magistrados descartan hacerse prueba de polígrafo por eventuales recursos contra herramienta

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, y la presidenta de la Sala de Casación Penal, Patricia Solano, descartaron aplicarse pruebas de polígrafo, debido a los eventuales recursos que pueden entrar a conocer contra dicha herramienta.

Así lo hicieron ver los magistrados en una respuesta conjunta enviada por la oficina de prensa del Poder Judicial ante una consulta de Teletica.com, planteada luego de que la presidenta Laura Fernández los invitara a participar en las reuniones de la Fuerza Élite, para las cuales ha establecido como requisito el someterse a un "detector de mentiras".

Los jueces recordaron que les es inherente a sus funciones el análisis de prueba en diferentes tipos de procesos, con apego a la Constitución Política, diferentes legislaciones, así como el respeto a los derechos humanos y fundamentales (incluido el debido proceso). Esto como parte de la búsqueda de un equilibrio de fuerzas en la convivencia y la paz social, que forma parte de la labor de los decisores.

"El Poder Judicial respeta la iniciativa del Poder Ejecutivo; sin embargo, por su condición de personas juzgadoras y previendo el conocimiento de procesos impugnatorios en los que se discuta la aplicación de la herramienta, no procede la participación de personas magistradas en foros de esa naturaleza, como las reuniones semanales (lunes) en las que participan representantes de órganos policiales y de investigación criminal.

"En un Estado de Derecho como el costarricense, son las reglas jurídicas las que prevalecen para mantener el orden y el equilibrio, debido principalmente a la coordinación entre los poderes de la República", subraya la información proporcionada.

Y es que las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia han conocido diferentes asuntos sobre el uso de polígrafo en las últimas dos décadas, según información disponible en la plataforma de consulta de jurisprudencia Nexus PJ.

Dentro de los temas sobre los que se emitieron resoluciones que son de acceso público, están algunos de índole constitucional, penal y laboral.

La mayoría de las sentencias que este medio logró ubicar las dictaron la Sala Constitucional y la Sala Segunda (de la que Aguirre es integrante). No obstante, la Sala de Casación Penal (presidida por Solano) también conoció de gestiones relacionadas, aunque las resoluciones de ese tribunal son principalmente de carácter privado.

Caso aparte

Este medio también hizo una consulta a la vicepresidenta de la Corte, Damaris Vargas, quien participó en un encuentro sobre seguridad convocado por Laura Fernández el 29 de mayo anterior, al que Orlando Aguirre no pudo acudir por estar fuera del territorio nacional.

La magistrada se mostró dispuesta a contribuir a los espacios de diálogo y coordinación interinstitucional que sean necesarios para hacer frente al problema de inseguridad que enfrenta el país.

"En relación con una eventual aplicación de una prueba de polígrafo, no tendría inconveniente, dado que anteriormente he participado en procesos que han contemplado este tipo de evaluación", comentó Vargas.

No obstante, la jueza fue enfática en que está convencida de que el trabajo articulado entre los poderes de la República es indispensable para fortalecer la institucionalidad democrática y avanzar en la atención de la criminalidad organizada.

Para participar en las mencionadas sesiones de seguridad, el director general interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, se sometió a un "detector de mentiras" con certificación internacional, mientras que el fiscal general Carlo Díaz apuntó que él se practicará la prueba si esta se enmarca en un proceso institucional del Poder Judicial, si le es requerida por organismos especializados en el marco de una investigación formal y siempre que se garantice su aplicación bajo criterios objetivos y trato igualitario.

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