La investigación que derivó en la suspensión temporal del director del Hospital Monseñor Víctor Manuel Sanabria, en Puntarenas, se relaciona con aparentes atrasos en el pago de salarios y otros asuntos relacionados con la parte administrativa del centro.
Ante una consulta de Teletica.com, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) ahondó sobre las razones detrás de la decisión de separar a Rándall Álvarez como cabeza del establecimiento de salud, el martes anterior.
La entidad administradora de los servicios médicos públicos del país señaló que la suspensión del doctor, así como la de otros cuatro funcionarios, tiene como origen las revisiones permanentes que se realizan de los procesos relacionados con la gestión de los servicios ofrecidos por los centros médicos.
A partir de los hallazgos, se determinaron problemas con la atención de listas de espera y en la distribución de plazas asignadas para 2025, además de lo ya señalado con demoras en la transferencia de remuneraciones del personal.
El 23 de marzo pasado, agremiados tanto de la Unión Nacional de Empleados de la Caja y de la Seguridad Social (Undeca) como del Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE) salieron a paro por algunos días, producto de atrasos de hasta seis meses en el pago de salarios y la eliminación de 30 plazas en el servicio de Enfermería.
De hecho, entre los separados destaca la jefa de esa unidad, de apellido Herrera. La lista de suspendidos la complementan la jefa de Nutrición, de apellido Molina, un administrador de apellido Vargas y una funcionaria de Recursos Humanos de apellido La Más.
No obstante todo lo anterior, la entidad administradora de los hospitales públicos del país rechazó que las medidas cautelares obedecieran a presiones externas o gestiones de algún grupo de trabajadores en particular. En esa línea, insistió en que estas tienen que ver con la "revisión de la gestión administrativa actual, transparencia y rendición de cuentas".
A lo antes indicado debe agregarse que las acciones administrativas llegan en momentos en los que se lleva a cabo una pesquisa general en el centro médico, por aparentes favorecimientos a pacientes de clínicas privadas y la presunta inacción de las autoridades ante las denuncias que alertaban al respecto.
La médica del servicio de Cardiología del establecimiento de salud, Jimena Araya, fue quien hizo públicas las aparentes anomalías en una entrevista con Telenoticias, realizada el 19 de marzo anterior.
Ese mismo día, la Dirección General del Monseñor Sanabria —sin mencionar directamente a Álvarez— informó que lo planteado por su doctora estaba en la fase preliminar.
La revelación del esquema de supuestos favorecimientos motivó la intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República (DHR).
Sobre el particular, este medio procuró un comentario del director suspendido, pero este no atendió los mensajes ni llamadas hechos a su teléfono desde el pasado martes.