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Las dos caras de la moneda: ¿Redistribuir el FEES o mantener el modelo actual?
Sectores a favor aseguran que actualmente se genera desigualdad, mientras opositores alertan sobre consecuencias para miles de estudiantes.
La discusión del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) 2027 sigue dando qué hablar, a más de un mes de una ruptura de las conversaciones.
El presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare), Jorge Herrera, aseguró en entrevista con Teletica.com que la negociación debe retomarse en junio próximo, por un compromiso alcanzado el año pasado en la Comisión de Enlace.
Pero el ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, discrepa de su contraparte y sostiene que lo único que está pendiente es una revisión del comportamiento de la inflación.
A continuación, un extracto de la conversación que este medio tuvo con el rector de la Universidad Nacional (UNA), Jorge Herrera.
¿Cómo afrontan las universidades el escenario actual de la negociación del FEES?
Lo primero que hay que reconocer es que negociar el FEES no es meramente un acto técnico-administrativo, sino que es un acto político de alto nivel, sobre todo porque invertir en educación es invertir en transformación social para el país. Cuando estamos hablando del FEES, estamos hablando del presupuesto que sostiene el funcionamiento de todo el sistema universitario.
Las universidades le damos oportunidades a más de 123.000 estudiantes, muchos de ellos, en el caso de la UNA, casi un 72%, que son la primera persona en su hogar en poder acceder a la educación superior, de forma tal que las universidades públicas y el FEES lo que permiten no solo es la formación de profesionales de alto nivel para Costa Rica, sino también la transformación, a través de la educación, de la calidad de vida de muchísimas personas en el país.
Pero es importante que la gente tenga presente que el FEES también financia el desarrollo de ciencia y tecnología a través de la investigación y la extensión.
Las universidades públicas generamos el 76% de la investigación que se realiza en Costa Rica y tenemos el 78% de los investigadores del país. De forma tal que, si las universidades dejamos de hacer investigación, prácticamente se cae la ciencia y la tecnología en el país, y un país que no le apueste a la innovación, a la ciencia y a la tecnología, realmente tiene muy pocas opciones de desarrollo en el corto y mediano plazo.
¿Qué se plantea entonces?
Lo que nosotros hemos planteado es que estamos en la negociación del FEES 2027. El Gobierno ha planteado que hay un escenario de inflación negativa y, por lo tanto, según este criterio, corresponde no hacer un aumento.
Sin embargo, nosotros hemos sostenido que proyecciones de inflación del Banco Central (BCCR), del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que la inflación promedio para el próximo año va a ser 2,92%.
Entonces, lo que nosotros le estamos planteando al gobierno es un acuerdo razonable de incremento del FEES para poder cumplir lo que el mismo artículo 85 dice, y es que el FEES de un año no puede ser inferior al del año siguiente y que por lo menos tiene que reconocer la pérdida de poder adquisitivo de la moneda.
Pero tal vez lo que el Gobierno no ha dicho y que es importante que la sociedad tenga claro es que nosotros, junto con ese porcentaje de aumento, le presentamos al Gobierno una cartera de proyectos estratégicos país en donde las universidades públicas estábamos dispuestas a cooperar para poder atender retos y desafíos del país y que no se han mencionado.
Por ejemplo, nosotros nos comprometimos a seguir apoyando al Gobierno en el desarrollo de colegios científicos, a revisar la oferta de los colegios técnicos profesionales para crear nuevas especialidades que sean acordes con las necesidades del país.
Entonces, le propusimos al Gobierno que, desde el Conare, podíamos hacer un mecanismo rápido para que los estudiantes graduados de colegios técnicos profesionales pudieran entrar rápida y expeditamente a carreras STEM en las universidades.
Ofrecimos, imagínense, que íbamos a generar preuniversitarios para poder ir a los colegios directamente y atender los rezagos en matemática, química, física, inglés y en capacidades de lectoescritura para mejorar las condiciones de los graduados de secundaria.
Le ofrecimos al gobierno un programa de formación de docentes en primaria y secundaria para ayudar a solventar la crisis educativa que en esos dos niveles tenemos en este momento como país.
Le ofrecimos al gobierno llevar técnicos en carreras STEM a las distintas zonas y regiones del país, de acuerdo con las necesidades de cada sector, y crear programas de formación para personas que necesitan fortalecer sus competencias para tener mejores condiciones para buscar empleo.
Entonces, no solo es un porcentaje de incremento, sino también una serie de proyectos estratégicos que van todos alineados con el Plan Nacional de Desarrollo, pero que también coinciden muchos de ellos con el programa de trabajo que propuso doña Laura Fernández. Y esa opción y esas posibilidades no se valoraron cuando lo que las universidades planteábamos era destinar una parte del aumento para poder financiar esas iniciativas y que el Gobierno, utilizando o en trabajo conjunto con las universidades y la capacidad que tenemos instalada a lo largo y ancho del país, pudiésemos trabajar de forma articulada para apoyar a este país en las áreas donde más lo necesitamos.
¿Ese ofrecimiento se mantiene?
Sí, claro que se mantiene. Más bien hemos venido trabajando para fortalecer esos proyectos, por lo que yo considero que la propuesta que el Conare le hizo al Gobierno en ningún momento puede considerarse como una propuesta desproporcionada, sino más bien, yo diría que una propuesta muy ventajosa, no solo para el Ejecutivo, sino también para el país como tal.
¿Cómo valoran la negociación que el Gobierno dio por concluida?
Reconocemos que esta negociación fue totalmente atípica porque el Fondo Estatal para la Educación Superior del año siguiente se negocia siempre a finales de junio, julio o inclusive lo hemos hecho hasta en agosto, de forma tal que para nosotros nos tomó por sorpresa la urgencia del anterior Gobierno de poder adelantar las negociaciones a marzo y todavía tenemos tiempo para sentarnos a conversar y construir acuerdos siempre en favor del país.
¿En qué estado está el diálogo?
Para nosotros, como rectores y rectora, la mesa de diálogo sigue abierta, sobre todo porque en el convenio de financiamiento para 2026 hay un artículo que establece que la Comisión de Enlace tiene que sesionar a finales de junio para poder revisar cómo se comportó la inflación, para ver si se debe hacer un ajuste tanto en el presupuesto de este año como en la base del FEES del año 2027.
Por lo que nosotros consideramos y hacemos un llamado al Ejecutivo a que podamos retomar la mesa de diálogo, porque creemos que el diálogo y la negociación fueron interrumpidos abruptamente, sin que el Gobierno hiciera una valoración integral de la propuesta que las universidades les presentaron.
Lo cierto es que eso sucede a finales del gobierno anterior y este gobierno se ha anunciado como una continuidad del anterior, y no solo eso, sino que introduce en la Comisión de Enlace directamente a don Rodrigo Chaves como ministro de Hacienda. ¿Esto ustedes cómo lo valoran?
Nosotros hemos planteado que, como rectores y como Conare, estamos en la disposición de dialogar y de llegar a consensos y crear acuerdos en favor del país, como llevamos haciéndolo más de 50 años.
Si se analiza que la propuesta que las universidades están haciéndole al país es una propuesta que, lejos de implicar un escenario excesivo o abusivo, como se ha querido ver, es una propuesta que le traería muchísimos retornos al país, sobre todo en cantidad de personas capacitadas, en el impacto que tendrían las acciones para mejorar la educación en primaria y en secundaria que le hemos planteado al Gobierno.
Nuevamente, nosotros creemos que es importante que el gobierno analice con más calma la propuesta que el Conare hizo.
¿En la Asamblea han hecho algún esfuerzo por acercarse para dar a conocer ese tipo de planteamientos? Asimismo, ¿se ha considerado la reconfiguración que sufrió el Congreso y si esta perjudica a las universidades?
Claro que sí, nosotros hemos estado sosteniendo como rectores reuniones de coordinación con todas las bancadas legislativas de oposición y tenemos pendiente una reunión con la bancada oficialista precisamente para socializar cuál es la propuesta.
Inclusive hay un elemento que es importante, que yo creo que el mismo Gobierno no ha valorado en su debida dimensión, y es que nosotros le propusimos al Gobierno una fórmula nueva para poder calcular los incrementos anuales del FEES y las universidades de forma muy responsable. En esa fórmula incluimos un factor que castiga el porcentaje de aumento de presupuesto de un año con respecto al otro si las universidades no cumplimos los indicadores asociados al PLANES.
Esto para desmitificar el hecho de que las universidades no rendimos cuentas, cuando creo yo que ha quedado lo suficientemente claro que los mismos indicadores que el Gobierno anterior nos puso en el proceso de negociación del FEES 2023-2024 los hemos venido cumpliendo con resultados sobresalientes.
Las universidades siempre hemos rendido cuentas como cualquier otra institución pública y seguiremos rindiendo cuentas tantas veces sea necesario.
¿Qué pasa si las universidades no reciben un aumento para el próximo año?
Si no recibimos un aumento, vamos a tener un problema significativo en temas de becas. Todos los años, por el mismo hecho de que el costo de vida sube, nuestros estudiantes tienen cada vez mayores necesidades en materia de transporte, de pago de alquiler, de atención de servicios de salud, los cuales se verían afectados porque no tendríamos condiciones ni de aumentar las bases de las becas ni de poder crear becas nuevas.
Imagínense que la Universidad Nacional empezó un proceso muy bonito de incrementar los cupos que estamos ofreciendo en sedes regionales. Solo el año pasado creamos 391 cupos nuevos en Liberia, en Nicoya, en Sarapiquí, en Pérez Zeledón y en Coto Brus. Todos ellos destinados a carreras STEM y esos procesos de seguir aumentando la cantidad de cupos, de seguir haciendo que la matrícula siga incrementando, no lo podríamos hacer porque obviamente dependemos del FEES, pero también habría una afectación directa a proyectos de investigación y extensión.
Y aquí hay algo que es muy importante porque, si bien es cierto que los aumentos al FEES quieren verse en términos solo de la inflación, recordemos que la inflación se determina a partir de algunos productos, cómo elevan los precios algunos productos de la canasta básica. Pero recordemos que en las universidades adquirimos computadoras, adquirimos equipos científicos tecnológicos, adquirimos reactivos de laboratorio, materiales e insumos de energía.
Sobre lo manifestado por Jorge Herrera, también se consultó a Leonardo Sánchez por su visión del estado actual de las negociaciones del presupuesto universitario.
De seguido, lo señalado por el ministro de Educación Pública:
Lo cierto es que en la última negociación hubo dos propuestas totalmente abismales. Nosotros habíamos dado una propuesta a nuestro entender racional, adaptada al comportamiento de la inflación, una variable fundamental en la negociación del FEES.
Hay que recordar que la Constitución establece dos cosas en relación con el FEES: no puede disminuir, y nuestra propuesta no disminuye el FEES, y no debe perder valor real en el tiempo. Cumplimos las dos condiciones.
Sin embargo, digamos que las propuestas de las universidades sí distan por mucho de la realidad económica y la factibilidad económica que tenemos; estamos hablando de casi ¢30.000 millones. No hay por dónde, no hay forma. Eso hace que no llegáramos a un punto de equilibrio en el cual podamos decir: firmamos un acuerdo. Por eso es que la posición nuestra fue que se resolviera en la Asamblea Legislativa.
He escuchado a algunos rectores decir que hay una cláusula de la negociación pasada donde decía que en agosto, en julio o junio teníamos que reunirnos para revisar el tema de la inflación y la negociación no había acabado. Pero eso no es así. La cláusula era muy sencilla y hablaba de dos términos: el ministro de Hacienda que esté asumiendo, en este caso don Rodrigo, tendrá que revisar el comportamiento de la inflación y, si esta supera el 1%, se le va a reconocer algo a las universidades y eso entra dentro de la base de la negociación del FEES.
Sin embargo, nada más digo algo y es que el mes pasado la inflación cerró negativa; que al próximo mes alcance el 1% lo veo muy difícil, pero bueno, es parte de la negociación. El otro punto, que no se menciona, es que las universidades se comprometían a hacer una redistribución del FEES. A la fecha, la estamos esperando.
De momento no, sí tenemos algunas solicitudes de estudiantes y de rectores, pero de momento no estamos valorando una negociación posterior a la que ya tuvimos. Se mantiene el tema de la Asamblea Legislativa.