Las dos caras de la moneda: ¿Redistribuir el FEES o mantener el modelo actual?
Sectores a favor aseguran que actualmente se genera desigualdad, mientras opositores alertan sobre consecuencias para miles de estudiantes.
La redistribución del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) volvió a abrir el debate en el país. Mientras algunos sectores defienden un reparto más equitativo de los recursos, otros advierten sobre posibles riesgos para el funcionamiento de las universidades públicas (ver video adjunto de Telenoticias).
Actualmente, más del 75% del FEES se concentra en dos universidades públicas, mientras que otras instituciones reciben una porción menor del presupuesto destinado a la educación superior estatal.
Tras las negociaciones del FEES 2027, la discusión tomó nuevamente fuerza: ¿debe modificarse el modelo de distribución actual?
Quienes respaldan un cambio sostienen que el esquema vigente responde a criterios históricos que ya no reflejan las necesidades actuales del sistema universitario.
Desde esta posición, consideran necesario revisar la asignación de recursos para garantizar un mayor equilibrio entre las universidades públicas.
Además, argumentan que las instituciones con menor participación histórica requieren más financiamiento para fortalecer su crecimiento, ampliar cobertura y mejorar su impacto en distintas regiones del país.
También señalan que una redistribución más equitativa podría favorecer el desarrollo regional y ampliar el acceso a la educación superior.
Sin embargo, no todos coinciden con esta propuesta.
Los sectores que se oponen advierten que una redistribución podría afectar a las universidades que actualmente atienden a la mayor cantidad de estudiantes y desarrollan programas de investigación, extensión y acción social.
Además, cuestionan que no se estén considerando factores clave como el tamaño de la matrícula, la planilla institucional y las necesidades operativas de cada universidad.
Desde esta perspectiva, cualquier modificación al modelo actual debería realizarse bajo criterios técnicos más amplios para evitar consecuencias negativas en el funcionamiento del sistema universitario público.
El debate continúa abierto en medio de las discusiones sobre el futuro del financiamiento de la educación superior estatal en Costa Rica.
