La importancia de la Sala Constitucional

Rodolfo Brenes, doctor en Ciencias Jurídicas.

Mucho se ha hablado en estos días sobre la Sala Constitucional, y con justa razón, pues se encuentra en una situación absolutamente crítica por la ausencia de magistrados suplentes, que deben ser designados por la Asamblea Legislativa. El nombramiento es, más que urgente, vital y necesario para el sostenimiento de la democracia y la protección de los derechos de todas las personas.  

La creación de la Sala Constitucional, en 1989, constituye uno de los hitos jurídicos y políticos más importantes de nuestra historia reciente. Antes de su entrada en funcionamiento, los derechos constitucionales no siempre eran cabalmente respetados. Estaban descritos en ese venerable documento que llamamos Carta Magna, pero no tenían verdadera vigencia en la vida cotidiana.  

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Hoy la situación es muy distinta. Gracias al recurso de amparo, cualquier persona puede acudir a este alto tribunal para pedir que se le garanticen sus derechos constitucionales. Y para hacerlo no necesita un abogado ni requiere de mayores formalidades. El legislador procuró facilitar tanto como fuera posible el acceso a la justicia constitucional.  

No son privilegiados quienes recurren a la Sala, no son ticos con corona, para usar ese término tan de moda, pero tan cargado de inquina, que busca dividir a quienes somos hermanos en la ciudadanía costarricense. Son personas a quienes el Estado les ha fallado de diversas maneras, en su derecho a la salud, a la educación, al agua, a un ambiente sano y equilibrado.

Mediante su jurisprudencia, han nacido a la vida jurídica nuevos derechos, que se han ido agregando al “Derecho de la Constitución”. Para orgullo de todos, ha sido un tribunal atrevido y visionario, por ejemplo, declarando que todas las personas gozan del derecho fundamental a vivir en paz, reconocido en la sentencia que se dictó luego de que el gobierno de don Abel Pacheco le diera su “apoyo moral” a una coalición militar que invadió Irak. 

Si el derecho al agua figura actualmente en nuestra Constitución, es porque primero fue desarrollado por la Sala en su jurisprudencia, como un derecho humano, básico e irrenunciable.  

En nuestro país, el acceso a internet es también un derecho fundamental, no porque lo diga ninguna ley o la Constitución, sino porque así lo estipuló la Sala, que lo considera un instrumento esencial para garantizar otros derechos, como la educación, el trabajo, la libertad de expresión, el acceso a la información.  

Cada vez son más quienes acuden a ella buscando su protección y amparo, como muestra este gráfico preparado a partir de cifras oficiales, con el número de asuntos votados por año:  

Entre 1989 y 2025 ingresaron 585,904 asuntos nuevos y se emitieron 623,042 sentencias. Hay más sentencias que casos, porque algunos expedientes generan más de una resolución (adiciones, desobediencias, aclaraciones).  

La carga de asuntos votados por año se multiplicó por 250. ¿Se imagina usted que en su trabajo sucediera algo similar? Y sin embargo, tenemos un tribunal altamente eficiente y productivo.  

Al proteger los derechos de las personas, al imponer la primacía de la Constitución por sobre cualquier otra cosa, al impedir abusos y arbitrariedades del Estado, al asegurar el funcionamiento del sistema de pesos y contrapesos, la Sala Constitucional protege, en última instancia, la democracia. 

Costa Rica es reconocida, todavía por dicha, como una de las poquísimas democracias plenas en el mundo. Esto se debe a múltiples factores, pero uno muy importante es, precisamente, el trabajo de la Sala.  

Por eso, la ecuación es muy sencilla: una Sala Constitucional funcional, libre e independiente, garantiza la democracia. Y una que no lo sea… Haga usted la matemática.  

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