¿Qué dicen sectores del modelo de CCSS que Laura Fernández califica de "superado"?

El 10 de junio pasado, la presidenta Laura Fernández lanzó una fuerte crítica al modelo de administración de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por considerarlo "requete superado".

La mandataria llamó a los diputados a discutir una eventual modernización del mismo, de manera que los miembros de la Junta Directiva de la institución administradora de los servicios públicos de salud se conviertan en una suerte de CEO —como ocurre en las grandes empresas— con la profesionalización y remuneración adecuadas.

Frente a ese planteamiento, Teletica.com pidió una posición a los sectores que conforman ese órgano.

Vale recordar que esa cúpula la conforman nueve personas: tres que representan al Estado, tres que representan a los patrones y tres que representan a los trabajadores. A estos últimos los eligen las asambleas de los movimientos sindical, cooperativista y solidarista.

Desde la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), algunos de los señalamientos de la gobernante son vistos con buenos ojos.

"Coincidimos en que la Junta Directiva de la Caja debe profesionalizarse y tener los mejores perfiles profesionales al nivel de CEO's , y una remuneración acorde a sus responsabilidades, ya que quienes la conforman están al frente de la institución más importante para los costarricenses", explicó el director ejecutivo de la organización, Jorge Araya.

Sin embargo, el representante de los empresarios hizo ver que ello de ninguna manera significa que deba eliminarse la administración tripartita, en tanto que la entidad es financiada por patronos, trabajadores y el Estado.

Una posición similar expresó a este medio el presidente de la Confederación Nacional de Asociaciones Solidaristas (Conasol), Fernando Zúñiga:

"Cuando fue creada la Caja Costarricense de Seguro Social, se instituyó un modelo donde estaban involucrados no solo el Gobierno, sino el sector laboral y también el sector patronal, como entes que pudieran tener en un órgano político, como es el tema de la Junta Directiva, la toma de decisión de algunos elementos importantes.

"Conforme ha ido pasando el tiempo, y lo decía doña Laura, el tema de la Junta Directiva deja de ser un ente político para pasar a tomar decisiones de más peso. En ese sentido, yo tengo que estar de acuerdo con que deberíamos pensar en una profesionalización de los miembros de la Caja, por lo menos de la Junta Directiva".

El vocero del solidarismo, además, calificó como "preocupante" el que directores que toman decisiones sobre billones de colones reciban dietas de ₡50.000 la sesión (dos ordinarias por semana).

Dicha remuneración, a criterio de Zúñiga, no compensa el nivel de responsabilidad penal y civil, si se consideran las medidas que ahí se discuten.

Eso sí, a criterio del presidente de la Confederación de Asociaciones Solidaristas, sí es importante que se mantengan las juntas de salud, para garantizar la participación ciudadana en los servicios de salud de la institución.

Visión contrapuesta

Consultada al respecto, la representante designada del sindicalismo para la Junta Directiva, Rocío Alfaro, recordó en conversación con Teletica.com que el modelo tripartito es el recomendado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para las instituciones de seguridad social.

La exdiputada del Partido Frente Amplio (PFA) abogó entonces por que ese tipo de administración se mantenga.

"Sobre el modelo que ella se plantea, me parece, es preocupante. Habría que ver si fue una expresión, si fue una idea en el aire, o si realmente ella lo está pensando así, que sería muy preocupante, y es el modificar un formato que es para una institución autónoma, que brinda servicios bajo el principio de la solidaridad, la universalidad, la subsidiariedad, a toda la población; por un modelo de tipo empresarial.

"Porque el modelo empresarial se rige por otro tipo de criterios, se rige por el criterio de qué le genera ganancias; eso podría dejar muchísimos servicios y muchísima atención de la población totalmente por fuera. Se rige también por la lógica de los mercados; los mercados se modifican, eso nuevamente podría dejar a sectores de la población totalmente fuera del interés institucional. Las empresas también; su razón de ser no es brindar servicios al costo, ni mucho menos, sino generar ganancias. Y por supuesto que también un modelo empresarial compite y también puede quebrar", manifestó.

En esa línea, la exlegisladora llamó a no desvirtuar la naturaleza de la institución.

Alfaro además hizo ver que no es cierto que los directores en los últimos años hayan tomado decisiones a ciegas, sino que han recibido la información de parte de gerencias con personal altamente calificado, así como de unidades técnicas.

Mencionó que, más bien, lo que ha ocurrido es que en la Junta Directiva se han adoptado decisiones apartadas precisamente de las recomendaciones de los órganos internos, como por ejemplo, en materia de listas de espera, la implementación del sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, por sus siglas en inglés), la apertura de plazas para la atención de los usuarios, entre otras.

"En fin, muchas de las decisiones que se toman se han tomado apartándose del criterio técnico, y esto no debería de suceder porque precisamente estamos hablando de una institución que es fundamental y de la que no se puede jugar a los dados. Hay que tener los criterios técnicos, hay que respetarlos.

"La decisión política es si estamos de acuerdo con un modelo solidario o si queremos que la Caja gire a una empresa y que la seguridad social se convierta en ese tipo de seguros que tienen en muchos otros países, en donde dependiendo del tamaño del bolsillo y de la cuota que cada quien da, se le cubre o no se le cubre los tratamientos, las enfermedades, los procedimientos quirúrgicos o los exámenes", agregó la representante designada de los trabajadores.

Incluso, la excongresista recordó que, durante el pasado periodo constitucional (2022-2026), la fracción de la que fue parte presentó un proyecto para eliminar la figura de la Presidencia Ejecutiva, con el objetivo de reforzar la autonomía constitucional de la que goza la entidad al buscar evitar que se cuelen en su cúpula los intereses políticos.

Este medio también procuró un comentario del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), pero no se recibió respuesta alguna a las llamadas hechas, ni a los mensajes ni correos enviados a sus canales oficiales.