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La Ley de usura expulsó del sistema de crédito formal a unas 280 mil personas, así lo aseguró este miércoles la superintendente General de Entidades Financieras (Sugef), Rocío Aguilar, ante los diputados de la comisión de Asuntos Hacendarios, durante la presentación del primer informe anual de la entrada en vigencia de la Ley Nº 9859.

Según explicó la superintendente, tras la ley que estableció topes a las tasas de interés, el sistema dejó de atender a cerca de 280 mil operaciones, que además presumen se concentran en los sectores de menores ingresos del país, y la mayoría de ellas se dieron en la banca privada.

La reducción de operación se concentró, dijo la jerarca, en tarjetas de crédito y operaciones de consumo.

“Si bien no tenemos un perfil específico, es probable que se asocien a las personas con menores ingresos, que estas personas no es que no tengan la necesidad de crédito, sino que las desplazamos para que sean atendidas probablemente en un mercado informal y probablemente a mayores tasas”, agregó Aguilar.

La jerarca de Sugef además reconoció que la ley sirvió para aliviar el pago de tasas de interés para al menos 1,2 millones de usuarios del sistema. Según los datos del estudio, el grupo que antes de la entrada en vigencia de la ley pagaba montos por encima del 42% se ha ido moviendo paulatinamente hacia la baja.

Aun así, la jerarca sostiene que quienes se vieron beneficiados por la baja en las tasas de interés fueron aquellos que ya tenían acceso al crédito.

Por su parte, la diputada del PLN, Yorleny León, cuestionó que el estudio excluyera los posibles efectos de la pandemia en la exclusión del crédito para un número importante de ciudadanos y criticó que las conclusiones se centraran más en los efectos para los "bancos" que para los usuarios.

“Hay una realidad que nadie puede omitir que se llama la pandemia, endosarle ese peso tan fuerte que tiene el informe al tema de la ley de usura, y viendo cómo se ha comportado el sistema financiero en otros países, pues parece que ahí no está el acento. Puede ser la combinación de muchos elementos que obliga a las personas a salir del sistema", señaló la verdiblanca.

También cuestionó que sea posible que sin la fijación de un límite en las tasas de interés máximas que se pueden cobrar, tal y como plantea la ley, sean los operadores por la competencia del mercado quienes lo hagan.

Aguilar puntualizó que en este momento la solución no pasa por echar atrás la ley, sino por otros mecanismos que beneficien el acceso al crédito para toda la población.

En esa línea, la jerarca de la Sugef planteó dos medidas: crear una central crediticia, que incluya los datos de todos los oferentes y deudores del sistema; y aprobar una ley de protección al consumidor financiero.

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